El Gobierno pide ahora que el Consejo de Estado decida sobre el suplicatorio de Berlusconi

La decisión gubernamental impone un nuevo retraso en la tramitación del suplicatorio, que el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, remitió directamente a la Oficina en Madrid del Parlamento Europeo el pasado 20 de junio. Nicole Fontaine, presidenta de la Eurocámara, pidió el 28 de agosto a España que precisara qué autoridad debía remitirle el suplicatorio. Su petición, que sólo mereció silencio durante seis meses por motivos no suficientemente explicados, sigue sin tener respuesta más de dos semanas después de que el fiscal Carlos Castresana, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y promotor inicial del suplicatorio, advirtiera al juez Garzón de que seguía sin tener respuesta de la Cámara de Estrasburgo.

Preguntado por la razón de que se haya necesitado tanto tiempo para decidir que el Consejo de Estado debía intervenir en este caso, y también por si opina que el procedimiento judicial pendiente en España no debiera influir en la campaña electoral que Berlusconi ha iniciado ya en Italia para las elecciones generales que se celebrarán esta primavera, el presidente del Gobierno, José María Aznar, declaró ayer: 'Sobre eso no tengo nada que decir, salvo que el Ministerio de Asuntos Exteriores habrá cumplido los trámites normales en este caso y habrá dado con el trámite que, a juicio de los servicios del ministerio, le corresponde al asunto'.

El departamento que dirige el ministro Josep Piqué informó ayer, por su parte, de que había dado instrucciones al Representante Permanente de España ante la Unión Europea (Reper), Javier Conde, para que remitiera una carta a Nicole Fontaine lamentando el retraso y anunciándole la petición del dictamen al Consejo de Estado.

La carta de la Reper señala que la pregunta de Fontaine a las autoridades españolas ha suscitado una cuestión jurídica importante y ha abierto un debate interno ante la falta de una regulación expresa al efecto, ya que, según se asegura, este suplicatorio se ha tramitado de forma diferente a otros planteados por la justicia española. La cuestión, puntualiza la carta, es si el suplicatorio contra Berlusconi debe tramitarse de forma análoga a la prevista en el sistema español o si deben aplicarse normas relativas a la tramitación de casos de cooperación judicial internacional. Esta duda, añade, ha generado interpretaciones dispares.

La carta española a Nicole Fontaine asegura que la decisión que finalmente se adopte tendrá gran trascendencia no sólo para las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial en España, sino también en el terreno internacional y en el ámbito europeo, porque acabará siendo un precedente para casos futuros. Por eso, las autoridades españolas consideran que deben realizarse más estudios técnicos antes de adoptar una decisión final, y ésa es la razón, se argumenta en la carta, por la que ahora el Gobierno español ha elevado otra consulta al Consejo de Estado.

El Ministerio de Exteriores ya pidió un parecer sobre este caso al Servicio Jurídico del Estado, que, según afirmó Piqué el pasado 20 de febrero, indicó que el procedimiento seguido por el presidente del Supremo había sido erróneo, ya que el suplicatorio hubiera debido ser remitido al Ministerio de Justicia y desde éste al de Exteriores, para que lo hiciera llegar a la Oficina del Parlamento Europeo, como se hace con los suplicatorios dirigidos a un Parlamento extranjero. El ministro dio entonces por zanjado este asunto. El Supremo replicó, sin embargo, que el trámite seguido era el correcto. Fuentes diplomáticas afirmaron ayer que esas declaraciones contrapuestas abrieron un conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, cuya solución corresponde al Consejo de Estado.

Dicha alta institución podría tener resuelta la cuestión esta misma semana si se considera de cierta urgencia, pero también podría dilatarla durante bastante tiempo si no merece tal consideración. Como ejemplo, la reforma de nueve artículos del Código Penal y el endurecimiento de la Ley Penal del Menor, la ley más compleja aprobada hasta ahora por el Ministerio de Justicia en esta legislatura, estuvo dictaminada en apenas 15 días.