Cinco días de plazo para resolver si se levanta o se mantiene la decisión

La sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que ayer celebró una vista entre las dos partes en litigio -Generalitat y Ayuntamiento de Alicante por un lado y el arquitecto promotor del recurso por otro- se marcó un plazo de cinco días para resolver, a la vista de los argumentos expuestos ayer por los litigantes, si mantiene o levanta la suspensión cautelar.

Los letrados de la Generalitat y el Ayuntamiento solicitaron en la vista el alzamiento de la medida de suspensión cautelar de las obras realizadas en el monte Benacantil. Según los argumentos de la Administración, dichas obras nada tienen que ver con la construcción del polémico palacio de congresos de Alicante y sí con unas obras de canalización hidráulica que tendrían como objetivo adecentar el monte y para poder llevar el agua hasta el parque de la Ereta que se está construyendo en otra de las laderas del Benacantil. Una canalización que además, y siempre según la Administración, fue autorizada ya por la Dirección General de Patrimonio en el año 1998 y que, lejos de ser perjudicial para un resto de lienzo de muralla que allí queda, podría servir para su conservación.

Por su parte, el arquitecto Manuel Ayús, presidente de Salvem el Benacantil, aseguró en los pasillos de la Audiencia de Valencia que 'levantar la suspensión sería un error'. Según Ayús los letrados de la administración demostraron 'desconocer el terreno del que hablaban'. El arquitecto explicó que la envergadura de la zanja que se ha abierto en la ladera, de unos cuatro metros de ancho, no corresponde con una canalización de agua, ya que para éste tipo de obra es suficiente con abrir unos 25 centímetros. A su juicio, dicha canalización no es más que una primera fase de adecuación del terreno. Ayús añadió que los letrados de la Administración han intentado 'confundir al tribunal', por lo que reclamó que las obras sigan bloqueadas para evitar que se haga un daño irreparable al monte y su patrimonio'.