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La Seguridad Social logra un superávit de medio billón y compensa al Estado

Montoro amenaza a los sectores inflacionistas con no bajarles impuestos

La Administración pública cerró el pasado año con un déficit del 0,3% del PIB (343.900 millones de pesetas), según los datos de la contabilidad nacional que ayer presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este resultado es mucho mejor del previsto (el 0,8% del PIB) y se ha producido gracias a que la Seguridad Social ha logrado un superávit del 0,5% del PIB (499.000 millones) y, en menor medida, al obtenido por los ayuntamientos (44.000 millones).

Por el contrario, el presupuesto del Estado resultó deficitario en un 0,56% del PIB (626.100 millones de pesetas) y el de las comunidades autónomas en un 0,32% del PIB (326.300 millones). Esta última cifra es la más llamativa entre las presentadas ayer por Montoro, ya que lo esperado era un déficit de una décima. El ministro explicó que la desviación se debe, en parte, a una transferencia pendiente de la UE por valor de unos 75.000 millones de pesetas.

Pero el hecho es que a las comunidades se les señala con el dedo a una semana de que empiece en el Congreso el debate sobre la polémica Ley de Estabilidad Presupuestaria, rechazada por la oposición y por varios gobiernos regionales. En ella se intenta imponer una disciplina presupuestaria que los críticos a esa norma consideran una invasión de competencias.

Críticas a las comunidades

El ministro de Hacienda aprovechó para cargar las tintas en la necesidad de que las comunidades sean más estrictas en la gestión de sus recursos y les advirtió contra 'la utilización de sociedades instrumentales', ya que ésta 'no es una forma de aliviar los presupuestos para nadie'. Los presupuestos de las comunidades han de consolidar este tipo de sociedades, por mandato de la UE, requisito que no se exigía hasta el pasado año.

En esa Ley de Estabilidad Presupuestaria se contempla también que el superávit de la Seguridad Social se ha de destinar 'prioritariamente' al fondo de reserva de las pensiones. Pero el ministro Montoro se escudó en que la norma aún no está aprobada y en que el diálogo social está abierto, para no decir qué cantidad del medio billón de superávit logrado el pasado año se va a destinar a garantizar las pensiones futuras. El compromiso es que el fondo alcance el billón de pesetas en 2004.

Una novedad en la contabilidad presupuestaria del pasado año es que la paga extra a los pensionistas por la desviación de la inflación (177.000 millones de pesetas) en 2000 se ha imputado como déficit a ese ejercicio y no al actual, como era la norma hasta ahora. Para evitar que en 2000 se contabilizasen dos pagas por ese mismo motivo (la de 1999 ascendió a 116.300 millones y se imputó inicialmente también al año 2000), se han echado un año hacia atrás las cantidades correspondientes.

Esta medida pretende aprovechar el buen año de la Seguridad Social y dejar el camino más despejado para conseguir en 2001 el objetivo de déficit cero en todas las Administraciones públicas. Pero al respecto se plantean algunas dudas. La economía creció en 2000 más de lo previsto (un 4,1% frente al 3,7%) y se creó más empleo (480.000 frente a 391.200), situación que los analistas no esperan que se repita este año. La cuestión es si el déficit cero es posible con un crecimiento económico inferior al 3%, frente al 3,6% señalado por el Gobierno. 'Conocemos la opinión de algunos expertos y el grado de acierto que han demostrado hace ya varios años', respondió Montoro.

El ministro dio la vuelta al argumento: 'Es el déficit cero el que garantiza un crecimiento estable y sano, sin tensiones inflacionistas'. Las advertencias de la Comisión Europea sobre las dificultades para el control de los precios en España se convirtieron en palabras del ministro en una amenaza hacia los sectores más inflacionistas. Para ellos habrá 'menos ayudas por parte del Gobierno y menos medidas fiscales favorables'.

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