Chamizo critica a los municipios del Poniente por bloquear los alojamientos para inmigrantes

'Existía una carencia absoluta de mobiliario; los colchones, de pésimo estado, se apoyaban directamente en el suelo; otros dormían sobre las cajas de frutas (sin colchón) que hacían las veces de cama. El hecho de que haya personas que vivan de esta forma, cualquiera que sea su circunstancia, en Europa es una inmoralidad'. Por malvivir en un lugar así, un 'nauseabundo' almacén de Níjar (Almería), algunos inmigrantes han pagado 5.000 pesetas por 'cama'.

Esta descripción, recogida en el informe del Defensor del Pueblo, no es algo aislado. Se repite, con pequeñas variaciones, en infraviviendas ocupadas por inmigrantes y visitadas por asesores de la institución en Roquetas de Mar o El Ejido. Chamizo presentó ayer en la comisión parlamentaria sobre inmigración el informe especial elaborado por la institución sobre la situaciónde las viviendas de los inmigrantes en Níjar y los siete municipios que conforman la comarca del Poniente (Dalías, Berja, Adra, El Ejido, La Mojonera, Vícar y Roquetas de Mar). El Ayuntamiento de Almería (PSOE) no respondió a las peticiones de información del Defensor del Pueblo, a pesar de que las concentraciones de inmigrantes son notables en algunos núcleos rurales como El Alquián o barrios marginales como El Puche.

Los resultados describen un panorama desolador, que no se ha corregido un ápice en el último año a pesar de los sucesos ocurridos en febrero de 2000 en El Ejido, tras los que las administraciones públicas se comprometieron a mejorar las condiciones de vivienda de los temporeros extranjeros.

El estudio indica que entre el 60% y el 80% de los alojamientos son infraviviendas, aunque la situación no es homogénea en todos los municipios. Ni todos se han mostrado igual de pasivos ante el problema ni todos cuentan con el mismo porcentaje de infraviviendas.

El Ayuntamiento de La Mojonera (PSOE), por ejemplo, es el único que elaboró un estudio pormenorizado sobre los alojamientos en 1997 para disponer de un censo fiable y acometer planes de rehabilitación. Desde El Ejido, gobernado por el PP, se planteó en marzo de 1999 un programa para construir o rehabilitar 4.000 viviendas en las 12.000 hectáreas invernadas, pero se reclamaba toda la financiación a otras Administraciones. El único compromiso del ayuntamiento, que sólo está dispuesto a que los alojamientos estén alejados de los núcleos urbanos, consistía en la subvención de tasas e impuestos.

El informe del Defensor señala que en El Ejido, donde sólo el 30% de los inmigrantes censados reside en el casco urbano -el porcentaje se incrementa si no se limita a los 6.000 empadronados-, no se ha adoptado ninguna alternativa para facilitar una vivienda digna a los inmigrantes. 'La respuesta de este Ayuntamiento es, al igual que la de otros municipios de la zona, desde el punto de vista de las ejecuciones materiales para paliar la situación, prácticamente nula', concluye el estudio. Especialmente llamativa, además, es la respuesta del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, recogida en el informe al sostener que 'no se había destruido ninguna vivienda de inmigrantes en los pasados disturbios'.

El Defensor, en el texto, reconoce que los ayuntamientos expresan su preocupación por el problema de la vivienda pero creen que la solución corresponde a otras instituciones. 'Mientras la solución llega, el rechazo social de una parte de la sociedad es una realidad no exenta de connotaciones xenófobas', recoge el estudio. Los ayuntamientos, sin embargo, tienen la llave para ceder suelo. De hecho, el éxito o el fracaso del decreto de alojamientos para temporeros aprobado por la Junta dependerá de la colaboración de las instituciones locales. Algo que Chamizo se encargó ayer de recordar, al lamentar los pocos avances desde que el decreto entró en vigor.