Un autobús entre encapuchados

El subcomandante Marcos viaja por las carreteras de México en un autobús precedido por ocho motoristas, cinco vehículos policiales y seguido por cinco furgonetas y camiones colmados por militantes encapuchados de negro. Otro autobús los trasladó hasta el centro de Tuxtla Gutiérrez. A las ocho de la mañana de ayer había sido despedido en San Cristóbal por los mismos campesinos que el sábado abandonaron sus comunidades para recibirlo en la ciudad colonial. Después, regresaron a sus aldeas de partida.

Lograr alguna declaración del mundo indio encapuchado no es fácil, y un corresponsal francés que lo intentó quedó sumido en el abatimiento y la perplejidad. '¿Qué opina usted de la marcha?', preguntó a un coordinador de pasamontañas. 'Todos pensamos', fue la respuesta. La marcha, según insistió Marcos en todas las tribunas, persigue la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley que incorporaría a la Constitución derechos y culturas de los diez millones de indígenas mexicanos.

Frecuentes las amenazas desde el anuncio de la marcha, el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, recibió un telegrama que anuncia un atentado contra el jefe del EZLN a su paso por Oaxaca. 'No sabemos si sólo es una intimidación de un grupo de estos que están amenazando', informó el vicario, Gustavo Andrade. El aviso, firmado por un tal 'doctor Salvatierra', fue puesto en conocimiento del gobernador de Chiapas, el independiente Pablo Salazar. Un sujeto con sus facultades trastornadas fue detenido por amenazas a Marcos. Miles de efectivos policiales, dispuestos por el Gobierno federal o las autoridades de los diferentes Estados, custodian la caravana para evitar agresiones, de momento inexistentes.

Organizaciones no gubernamentales extranjeras y mexicanas, y europeos fascinados por la causa de Marcos, entre ellos un madrileño que mintió a sus padres diciéndoles que viajaba al balneario turístico de Cancún, viajan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Portavoces de la llamada sociedad civil, integrada por una nutrida constelación de grupos sociales de izquierdas, comunicaron al Gobierno de Fox y a las autoridades de los 12 Estados que la seguridad de los zapatistas 'queda bajo responsabilidad exclusiva de la sociedad civil en su conjunto'.