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La CECOT defiende la 'legalidad' de su contrato para inmigrantes

El presidente de la patronal tarrasense CECOT, Eusebi Cima, defendió ayer la 'legalidad' del polémico contrato para trabajadores inmigrantes que ha propuesto esta entidad para sus empresas asociadas.

El contrato, cuya legalidad ha sido cuestionada por el consejero de Trabajo de la Generalitat, Lluís Franco, incluye una cláusula en virtud de la cual los empleados deberán abonar los gastos de formación y de transporte desde su país de origen si dejan la empresa antes de que transcurra un determinado periodo.

Según Eusebi Cima, la cláusula donde se plantea una indemnización del trabajador al empresario en caso de abandonar su empleo ha sido 'mal interpretada'.

No perder dinero

El presidente de la patronal explicó ayer que esa condición es un seguro para que el empresario no pierda el dinero que invierte en cada inmigrante, ya que la empresa asumiría el compromiso de costear los gastos del viaje desde el país de origen del empleado en cuestión, empezando por el billete de avión, así como los correspondientes a su formación o su reciclaje.

De acuerdo con la propuesta, los trabajadores inmigrantes deberían ir devolviendo poco a poco este dinero descontándolo de su sueldo, 'de manera que puedan vivir dignamente'.

Sería durante este tiempo transitorio de devolución de gastos cuando el trabajador debería pagar al empresario la correspondiente indemnización en caso de que fuera contratado por otra empresa.

La contratación de inmigrantes en su país de origen se haría a través de empresas de selección de personal.

Cima apuntó ayer la posibilidad de que sea la empresa contratante la que se haga cargo de los gastos aún no cubiertos en el momento en que el empleado deje su primera empresa, y puso como ejemplo la práctica vigente en los contratos de rescisión de los futbolistas.

Según el presidente de la CECOT, 'no es lógico que una empresa haga una inversión y avance una cantidad para hacer venir a una persona, y que al cabo de una semana de estar en su empresa este trabajador sea contratado por otra y el empresario pierda tiempo y dinero en una cosa que al final no le da ningún beneficio, y sin que suponga ningún coste para el segundo empresario'.

Sólo 'una ayuda'

El empresario de Terrassa añadió: 'Todos sabemos cómo vienen los trabajadores inmigrantes y conocemos las presiones que están sometidos. Este contrato es para ayudar a los trabajadores extranjeros, para que no caigan en manos de traficantes y de personas que no son correctas'.

Tanto el consejero de Trabajo como el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) pusieron en cuestión la legalidad de este tipo de contrato una vez que hubo trascendido la propuesta de los empresarios tarrasenses.

Cima señaló al respecto que, antes de proponer un contrato con la controvertida cláusula, la patronal CECOT se había preocupado de consultar si la cláusula sería viable y se lo había expuesto al Departamento de Trabajo de la Generalitat. 'Parecía que todo era conforme a la legalidad', señaló el empresario.

De todas formas, en caso de que se demuestre finalmente que la cláusula de indemnización al empresario no se ajusta a la legalidad, Eusebi Cima aseguró que 'habría que buscar otros caminos para evitar que los trabajadores extranjeros caigan en manos de las mafias y de personas que los extorsionan'.

El presidente de la patronal CECOT dejó claro que en ningún caso se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que la clásusula de indemnización se aplique a empleados nacionales.

Cima se pronunció en este sentido durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo centro de atención primaria (CAP) de Viladecavalls (Vallès Occidental), al que asistió el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Preguntado al respecto, Pujol declinó hacer comentarios, aduciendo que la inmigración es un tema complejo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de febrero de 2001