Los obispos no pasan

Los obispos no han querido, como hubiera deseado el vicepresidente Rajoy, pasar por alto las acusaciones lanzadas por el Gobierno, y a las que se sumó luego la oposición, por la negativa de la Conferencia Episcopal a adherirse al pacto antiterrorista PP-PSOE. 'El escándalo injustificado tiene su precio', puede leerse en el documento difundido por los obispos en respuesta a las diatribas de los políticos.

La polémica es bastante absurda. Es lógico que los obispos no se sumen a un compromiso suscrito entre dos partidos y cuyo objetivo esencial es dejar claro que, con independencia de quién esté en el Gobierno, se comprometen a no buscar rentas políticas de la violencia. Los firmantes renunciaron expresamente, con buen criterio, a rebajar o expresar de manera más ambigua ese principio. No se trataba de buscar un mínimo común que permitiera la adhesión de los nacionalistas, sino de dejar claro el compromiso de los dos únicos partidos con posibilidades realistas de gobernar. Si a los principios del pacto se adherían otros partidos, santo y bueno; pero no era ése el objetivo prioritario.

No se entiende qué puede añadir a un compromiso tan específicamente político la firma de la Iglesia, excepto confusión. Es lógico que los obispos rehusaran sumarse. Incluso es preferible que no sienten un precedente que pudiera un día invocarse para justificar injerencias indeseables. Pero los obispos rehusaron hacer algo que nadie les había pedido. Alguien se dirigió a la Conferencia Episcopal para hablar del pacto, no para pedirles que se adhirieran. Lo que ocurrió fue que antes de que se produjera la respuesta apareció el obispo jubilado de San Sebastián José María Setién criticando el pacto y advirtiendo de que si la Conferencia lo firmaba estaría 'excluyendo a los obispos vascos'.

Ello dio verosimilitud a la sospecha de que el rechazo de algo no solicitado estaba motivado por el deseo de no disgustar a lo que representa Setién. Concretamente, un discurso en el que cada palabra contra ETA requiere otra contra el Gobierno de turno, y cualquier referencia a las víctimas, otra equivalente sobre los presos; y que sostiene que en la raíz de la violencia terrorista hay un conflicto de naturaleza política, que la paz no se alcanza con la mera desaparición de ETA (sin contrapartidas) y que hay que esclarecer 'las razones enfrentadas' de las partes. Nadie duda de que los obispos no respaldan el asesinato; pero se echa en falta un planteamiento nítido en relación con ideas como las reseñadas, cuya influencia en la situación actual del País Vasco es considerable.