El Gobierno ejerce la acción popular por primera vez en un caso de violencia conyugal

La agresión ocurrió el pasado sábado sobre las 20.30 en la calle de San Canuto, 22 (Latina), tras una disputa familiar iniciada por causas aún desconocidas. María Antonia Saavedra Mejías (y no María Antonia Rodríguez Menéndez, como por error publicó ayer este periódico basándose en fuentes policiales) recibió unas 20 cuchilladas a manos de su marido, Rafael E. V., según la Jefatura Superior de Policía. La mujer escapó y pidió auxilio en una casa cercana. Manuel Cobo explicó ayer que el Gobierno regional hubiera preferido no tener que ejercer nunca su derecho a personarse en la causa. Pero, añadió, 'desgraciadamente se siguen produciendo agresiones, que lamentamos y condenamos'.

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La Comunidad decidió hace unos meses que se personaría como acusación popular en los casos graves de malos tratos sucedidos a partir del 1 de enero de 2001. Para ello, el Gobierno regional destinó en sus presupuestos 31 millones de pesetas con los que pagará a los abogados. De la intervención letrada en estas causas se encargarán tres de los 33 abogados de los servicios jurídicos de la Comunidad, los especializados en Derecho Penal, que, entre otros asuntos, llevarán los casos de violencia doméstica. La viceconsejera de Presidencia, Paloma García Romero, considera que, aunque estos letrados carecen de formación específica en violencia sexista, 'están perfectamente capacitados para ejercer su tarea'.

Pero Begoña San José, presidenta del Consejo de la Mujer que agrupa a decenas de asociaciones de la región, considera que el conocimiento expreso de las materias a defender es 'indispensable'. 'Si no haces una buena acción pública que refuerce la defensa particular, consigues muy poco', explica.

Este año, la Comunidad destinará 31 millones de pesetas a crear 12 nuevas plazas de abogados, tres de ellas de penalistas, de modo que en 2002 serán seis los letrados preparados para llevar casos de malos tratos. En 2000 fueron 3.691 las mujeres que denunciaron agresiones de sus maridos o compañeros. El número de víctimas mortales por violencia sexista varía según la fuente: 19 según las asociaciones de mujeres y 11 según el Ministerio de Interior. García Romero asegura que si la Comunidad no se había personado hasta ahora en ningún caso es 'porque, afortunadamente, no se había producido ningún caso mortal o de gravedad'.

La acción popular es una acción penal distinta de la ejercida por el fiscal. Se efectúa mediante querella, según prevén los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Manuel Cobo destacó que la Consejería de Servicios Sociales y el defensor del Menor, Javier Urra, están investigando la situación en la que se encuentran los dos hijos del matrimonio, de tres y cinco años. En caso de que no hubiera familiares directos, la Comunidad asumiría su tutela cautelarmente. Según fuentes policiales, los dos menores están ahora bajo la custodia de una abuela.

Una portavoz del Doce de Octubre, donde está hospitalizada María Antonia Saavedra, informó de que ésta evoluciona favorablemente. Ayer salió de la unidad de cuidados intensivos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 19 de febrero de 2001.

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