El Consell incumple la ley de creación del Servicio Valenciano de Empleo
El Consell ha anunciado en repetidas ocasiones la inminente aprobación del Reglamento del Servef pero el trámite arrastra un retraso de cuatro meses según la ley de creación de este servicio, órgano gestor de las políticas activas de empleo de la Generalitat. 'La efectiva puesta en funcionamiento del Servicio estará condicionada a la aprobación de su Reglamento, que será aprobado en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presenta ley (...)', recoge la Disposición Final Primera de la ley, aprobada en abril del año pasado por lectura única, es decir con el consenso de todos los grupos del arco parlamentario y de los agentes sociales. Fue un tanto político para el entonces consejero de Empleo, Rafael Blasco. El ahora titular de esta cartera, Vicente Rambla, anunció hace unos días que la aprobación es inminente, a la que seguirá un periodo de uno a dos años para ponerlo efectivamente en marcha.
La creación del Servef debe despejar además el futuro de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo (FSVE), una agencia de colocación privada creada en 1995 por la Generalitat, las patronales Cierval y Cepyme y los sindicatos UGT y CC OO. Este instrumento, regido por un patronato tripartito y financiado con fondos públicos autonómicos será un centro especializado asociado al Servef, según el proyecto de convenio entre la Consejería de Empleo y la FSVE, también pendiente desde el año pasado a pesar de estar listo para la firma.
La Consejería de Economía se compromete a dedicar 368 millones de pesetas con cargo a los presupuestos públicos de este año, así como otros 35 millones de pesetas para inversiones de la FSVE. Este apoyo financiero se prolongará durante los años 2002 y 2003, fecha de consolidación del futuro Servef. Entonces se deberá negociar un nuevo convenio.
La Fundación, que durante el año pasado registró en sus oficinas a un total de 39.746 personas (el número de parados valencianos registrados en el Inem ascienden a 130.000), colocó a cerca de 8.000, aunque están pendientes de resolución otros 1.400 contratos. Después de la creación del Servef sus funciones serán el estudio de alternativas para potenciar la inserción laboral de colectivos específicos; mejorar la base de datos del Servef; facilitarle al servicio público las aplicaciones y bases informáticas acumuladas por la FSVE desde su creación hace cinco años; coordinar el sistema de publicidad de las ofertas de empleo propias con las del Servef; así como realizar tareas de intermediación y orientación laboral en los sectores estratégicos que establezca la Generalitat a través del Servef.
Economía se compromete en el borrador de convenio a atender con una subvención extraordinaria de 168 millones de pesetas el déficit acumulado por la Fundación Servicio Valenciano de Empleo desde su creación.
La continuidad de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo depende 'de que todo el mundo coopere', aseguran fuentes de este órgano. El déficit de 270 millones de pesetas acumuladas por el servicio hasta 1999 y la aparición del Servef obligaban a la Fundación a mejorar su gestión y a demostrar su viabilidad ante la Generalitat. Según la Generalitat, el futuro de este órgano no estaba en el aire pero el nacimiento del Servef sí convertía la fundación privada en un servicio complementario al público.
El entonces director-gerente de la FSVE, Rafael Segarra, ex técnico de la patronal valenciana, elaboró un plan de reducción de gastos que contemplaba el despido de cuatro empleados, algunos afiliados a UGT. Este sindicato, con voz y voto en la junta de gobierno y el patronato que rige la Fundación, se opuso a la reducción de empleos y Segarra presentó su dimisión después de que la junta de gobierno desautorizara los despidos. Dejó la dirección con una indemnización de ocho millones de pesetas.
La Fundación se resintió tras este choque interno. A Segarra le sucedió al frente de la gerencia el economista valenciano, que también fue técnico de la patronal, Ricardo Miralles, quien explicitó desde su llegada que su labor se limitaría a ejecutar el plan de viabilidad, tras lo cual dejaría el cargo. A punto de acabar el año pasado, Miralles propuso el despido de ocho empleados de la Fundación, entre ellos cuatro subdirectores generales, algunos ligados a la UGT -este sindicato cerró un acuerdo con la patronal en agosto de 1995 por el que ambas organizaciones se apoyaron mutuamente para acceder a los diferentes cargos de dirección del servicio-.
Presupuesto bloqueado
Los órganos de gobierno ratificaron los despidos con el voto en contra de la UGT, que mostró su oposición a la medida en la reunión del patronato de la FSVE del pasado 22 de diciembre. Rafael Recuenco, secretario general de UGT y representante de la organización en el patronato, abandonó la sesíón del órgano de gobierno y bloqueó el presupuesto de la Fundación para este ejercicio, que asciende a 540 millones de pesetas. El gesto provocó una situación insólita en el seno del patronato, cuyos estatutos exigen la unanimidad para aprobar determinados asuntos, entre otros el presupuesto. El conflicto se trasladó al protectorado de la Fundación, encargado de desbloquear la situación.
Los órganos de gobierno del Servicio estudian ahora una reforma de las normas de funcionamiento del patronato que eviten situaciones como la actual. El director Ricardo Miralles ha reiterado, según fuentes del Servicio de Empleo, su intención de abandonar el cargo una vez concluya el plan de viabilidad y se firme el convenio de colaboración pendiente con la Economía. Nadie se pronuncia sobre quién ocupará en un futuro la dirección general de la Fundación, pero el relevo, según las mismas fuentes, no tardará en producirse.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.