La escolarización

En los próximos meses se volverán a iniciar los procesos de escolarización de alumnos enlos centros de enseñanza andaluces. Además, ahora se está estudiando la renovación de los conciertos educativos con la escuela privada. Y es el momento de que las autoridades educativas, en base a las necesidades de puestos escolares en todas las localidades de la provincia, cojan el toro por los cuernos y se planteen la necesidad, o no, de la renovación de dichos conciertos que, lógicamente, deberá depender de la suficiencia o insuficiencia de esta oferta en la escuela pública. Lo contrario supondrá, aparte de un despilfarro de fondos públicos, que lo es, un conflicto de intereses en el que la peor parte, como siempre, recaerá en los centros públicos. Esto parece un contrasentido: ¿cómo puede ser que con fondos públicos se financie la escuela privada en detrimento de la escuela pública? Desgraciadamente casos haylos y no pocos.

Además, antes de iniciar los procesos de escolarización habrá de dejar muy claro a toda la comunidad educativa la normativa vigente, para evitar que continuamente se estén dando casos en que se generan expectativas que luego suponen una nueva fuente de conflictos y protestas airadas de padres y madres, reivindicando una supuesta libertad de enseñanza y de elección de centro que, por otra parte, todos defendemos, siempre que sea racional y no basada en prejuicios, discriminaciones, condiciones sociales o económicas...

Pero para todos y todas. Empezando por determinar los puestos escolares que cada centro escolar puede ofertar en cada tramo educativo, comprobando escrupulosamente que en todos ellos las ratios (número de alumnos por clase) son las contempladas por la LOGSE y velando porque toda la escolarización financiada con fondos públicos se haga en la más absoluta igualdad de condiciones, de forma que el alumnado que entre en los niveles obligatorios lo haga según el baremo establecido para ello.

Conviene no olvidar que uno de los apartados de dicho baremo es el nivel de renta familiar y que este punto se suele llevar muy bien en los centros públicos, pero no tanto en los privados concertados, que con frecuencia tienen ocupados todos sus puestos escolares con alumnado procedente de la Educación Infantil, tramo éste no obligatorio y que religiosamente han financiado los padres y madres que, además de este mayor o menor esfuerzo económico, consideran, y así parece ser que se lo aseguran, que sus hijos obligatoriamente van a pasar a una enseñanza gratuita en ese mismo centro, por delante de aquellos que tienen mayor derecho: por proximidad de domicilio, número de hermanos, renta familiar...

¿Se van a renovar conciertos en localidades donde la oferta de puestos escolares en la escuela pública sea más que suficiente? ¿O es cierto que las familias que estén dispuestas a pagar más en la Educación Infantil tienen asegurado un puesto en los colegios concertados y quiénes no lo hagan tendrán que matricularse en los públicos? ¿Cuánto van a esperar nuestras autoridades educativas para aclarar estos temas? Estas cuestiones exigen un pronunciamiento claro de las autoridades educativas. Porque si ésta es la clase de igualdad que propugna toda la normativa educativa vigente, apaga y vámonos.

Y seguiremos viendo los atascos de automóviles y autobuses a la puerta de algunos centros y las interminables caminatas de pequeños que tienen que trasponer a la otra punta de la localidad para ir al suyo y cómo aumenta el prestigio de unos centros en detrimento de otros, sin razones válidas ni defendibles, y cómo los que pagan pueden elegir y los que no, pues no.-