'La culpa es de la industria, no de los agricultores'

El austriaco Franz Fischler, comisario de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, tiene estas semanas cuatro frentes abiertos a cual más duro de abordar. Y los cuatro afectan directamente a España: la crisis de las vacas locas, la reforma de la política agrícola, el fraude del lino y las negocaciones de pesca con Marruecos. Nacido en la región del Tirol en 1946, Fischler lleva toda su vida ligado al mundo agrícola. Compaginó sus estudios de Agronomía con trabajos en granjas de cerdos en Austria y Suecia, ha sido director de la Cámara Agraria de Austria y ministro de Agricultura de su país. Sus corbatas siempre incluyen figuras de animales (ocas durante esta entrevista realizada en Estrasburgo).

Pregunta. En plena crisis y alarma por las vacas locas siguen apareciendo en varios países, España incluida, casos de irregularidades: enterramientos ilegales, ventas de piensos prohibidos... Entretanto, Bruselas sigue aportando ingentes subvenciones al sector.

Respuesta. Hay un problema de seguridad en la producción y otro de seguridad alimentaria. En ambos casos hay normas legales comunitarias claras que deben ser cumplidas. Pero los controles tienen que funcionar, y aquí entran en juego los Estados. Es su tarea. La Comisión Europea sólo tiene unos pocos inspectores que a su vez controlan el trabajo de los inspectores nacionales.

P. La ministra alemana de Agricultura, Renate Künast, se ha mostrado partidaria de fomentar la producción ecológica, biológica. ¿Es el camino que debe seguir la UE?

R. Ahora ya hay ayudas a las explotaciones biológicas, pero depende de cada Estado incrementar ese capítulo o no. No obstante, la producción agrícola no será nunca biológica en su totalidad. No es posible.

P. La UE ha aumentado este año el presupuesto agrícola en 1.000 millones de euros (166.000 millones de pesetas) para hacer frente a las vacas locas, pero usted mismo ya ha comentado que hará falta el triple.

R. Esos 1.000 millones son sólo para este año.

P. ¿Y para los próximos?

R. Serán unos 2.500 millones de euros (416.000 millones de pesetas) en total. Pero probablemente reduzcamos algo ese coste al reducir también la producción.

P. Esa reducción de la producción supone un cambio en la política realizada hasta ahora.

R. Con el sistema de intervención, la Comisión compra la carne y se almacena congelada. Pero hay otra posibilidad: como algunos Estados no tenían posibilidades de someter a la prueba de las vacas locas a todos los animales con más de 30 meses de edad, condición indispensable para introducirlas en el mercado, la Comisión ofreció también comprar esos animales a los que no se hace la prueba y destruirlos. Además, la Comisión acaba de decidir que, si en el futuro se pueden someter a pruebas a todos los animales de más de 30 meses, no se destruya su carne, sino que se hagan conservas para resolver problemas de hambruna en algún lugar o se congele y pueda salir al mercado en el futuro.

P. Pero esa carne almacenada, con las nuevas normas de etiquetado que entrarán en vigor próximamente, no será aceptable ni en Europa ni en otros países.

R. Esa carne reunirá todos los requisitos para salir al mercado o para enviar al exterior. Porque la Comisión no quiere, bajo ningún concepto, que se consuma en el interior carne que no revista ningún riesgo para la salud y, en cambio, se pueda enviar al exterior carne que no haya sido sometida a todos los controles.

P. ¿No ha favorecido la Política Agrícola Común una producción intensiva, masiva, que quizás ha hecho posible la aparición de crisis como la de las vacas locas?

R. No lo veo así. Con las subvenciones para animales de engorde sí se ha favorecido la cría intensiva.

P. ¿Y no se pueden originar problemas similares, por el mismo motivo, en ovejas o cerdos?

R. No lo veo. No debemos olvidar que la crisis actual se debe a que una serie de normas legales han sido incumplidas. Por ejemplo: pese a la prohibición de usar harinas animales, ese tipo de productos se introdujo en los piensos dedicados a los bovinos. O el acto criminal que ahora vemos en Alemania y Austria, donde se ha suministrado a los cerdos piensos con antibióticos. O el escándalo de las dioxinas en Bélgica. Son actos criminales. Sólo así se puede calificar el hecho de que hayan metido aceite para automoción o de transformadores en piensos y forrajes. O como ocurrió en Francia cuando mezclaban lodos y desechos en los piensos. Pero la mayor parte de los agricultores practican una agricultura muy correcta.

P. Pero han sido algunos ganaderos los que también han utilizado conscientemente las harinas animales prohibidas para sus vacas.

R. No, no. Las mezclas se hacían en las industrias. No es culpa de los agricultores, sino de quienes suministran los piensos.

P. Sí, pero algunos han dado esos piensos a las vacas cuando estaban prohibidos.

R. No es lógico, aunque puede haber habido casos. Los piensos con harinas animales, que sólo se podían dar a cerdos y aves, eran más caros, y no creo que los agricultores fueran tan tontos.

P. Pero parece que las vacas engordaban más rápidamente.

R. Eso no funciona así.

P. Lo cierto es que sí ha habido vacas que han consumido ese tipo de piensos, por las razones que sean.

R. El problema surgió porque algunos piensos fabricados para alimentar a las vacas contenían restos animales, pero los agricultores desconocían ese dato. Pero la responsabilidad está en la industria, no en los agricultores.

P. ¿Es cierto que ha recibido amenazas relacionadas con esta crisis?

R. Sí, he recibido unas cuantas llamadas en Bruselas... Pero eso ocurre de vez en cuando. Un político tiene que saber vivir con estas circunstancias.

P. En España, como sabe usted sobradamente, se produjo un fraude en el cultivo del lino, sobre todo en 1998 y 1999. La semana pasada, usted dijo que el interlocutor de Bruselas a la hora de aclarar posibles fraudes es el Ministerio de Agricultura.

R. Desde luego, los interlocutores son los Gobiernos. Lo que no significa que los Gobiernos acarreen la única responsabilidad, porque, de la misma forma que la Comisión delega los controles en los Estados, éstos también pueden hacerlo en las regiones o en empresas.

P. ¿Qué falló en el caso de España? ¿No se hicieron suficientes controles?

R. Hay que distinguir dos ámbitos. En primer lugar están las irregularidades: los cazaprimas, por ejemplo. Las plantaciones crecieron espectacularmente en España porque algunos plantaban para conseguir primas. El fraude es algo diferente y también es lo que probablemente se ha producido en España. Es decir, que quizás se han falseado datos para lograr más primas. En estos casos ya no interviene de entrada la Comisión, sino la oficina de lucha antifraude de la UE (OLAF).

P. Por los datos conocidos hasta ahora, está claro que hubo fraude. Y la entonces ministra de Agricultura es hoy vicepresidenta de la Comisión.

R. Yo no discuto que se hayan dado casos de fraude, pero no tengo datos oficiales de quiénes pueden estar involucrados. El informe de la OLAF aún no se conoce y sus investigaciones son confidenciales. Loyola de Palacio era ministra de Agricultura en ese tiempo, pero antes de ser nombrada fue sometida a una audiencia pública en el Parlamento Europeo, donde dio unas informaciones muy claras y, además, en el Parlamento español hubo también una comisión de investigación. Yo no veo motivos para manifestar ningún tipo de desconfianza. Lo que la comisaria dijo lo doy por válido.

P. La Comisión ya ha informado que ya hubo irregularidades en 1994 y que no funcionaron los controles.

R. Sí.

P. ¿Con su próxima visita a Rabat, el día 20, cree que finalmente conseguirá un acuerdo con Marruecos sobre pesca?

R. He invitado a nuestros interlocutores marroquíes para que preparen todo de forma que podamos concluir el acuerdo. Pero hay unas fronteras que no se pueden superar. Así, no se puede asumir que los barcos puedan faenar, pero en caladeros donde no hay pescado. Tampoco se puede pretender que paguemos lo mismo si sólo podemos pescar la mitad.

P. ¿Cuáles deben ser los términos realistas de un plan de reestructuración de la flota española?

R. Depende en parte del resultado de las negociaciones con Marruecos. Pero no sólo España debe realizar un plan de reestructuración. No aceptaremos que países como España, que han hecho los mayores esfuerzos en ese terreno, salgan perjudicados ahora.