Peras, manzanas, pesetas

La presentación el pasado miércoles por el ministro Acebes de un macroplan para 'mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia' ofrece el aire inconfundible de las operaciones diversionistas publicitadas a bombo y platillo por un Gobierno cuando los sondeos de opinión empiezan a pisarles los talones y los nubarrones se acumulan en el horizonte. Como las superproducciones bíblicas de Hollywood, la propuesta de un Pacto de Estado para la Justicia aspira a deslumbrar a los espectadores -al igual que el Plan Hidrológico-por su amplio formato y variado argumento.

Todo ministro que se precie aspira a unir su apellido con una reforma, un código o una ley: Acebes ha sacado de los cajones de su departamento el inventario completo de todos los problemas de la Administración de la Justicia pendientes de solución para situarlos bajo un mismo rótulo. El resultado de ese esforzado zafarrancho es una variopinta acumulación de cuestiones tanto procesales como sustantivas, tanto propiamente judiciales como meramente administrativas. A esa heterogénea suma de peras y manzanas se añaden las pesetas: el Gobierno anuncia una financiación de 250.000 millones en varios ejercicios, cifra difícil de creer cuando se la compara con el presupuesto anual de Justicia (en torno a los 150.000 millones) y se recuerda el compromiso presupuestario de déficit cero.

En la propuesta hay de todo, como en botica: la modificación de las penas del Código de 1995; el regreso al anterior sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, del Estatuto de la Abogacía y del Cuerpo de Secretarios Judiciales; la restricción del amparo ante el Constitucional; la distribución de los recursos de casación entre los Tribunales Superiores autonómicos y el Supremo; nuevas leyes de enjuiciamiento criminal, concursal y de arbitraje; la modificación de la planta judicial para establecer demarcaciones más pequeñas; la revisión de la ley de vigilancia penitenciaria y la creación de un juzgado de ese tipo en la Audiencia Nacional; la supresión del tercer turno para el ingreso en la magistratura; la retribución de los jueces según baremos de rendimiento y el endurecimiento de sus incompatibilidades y régimen disciplinario; la informatización de la oficina judicial, con departamentos de atención al ciudadano, controles horarios y jornadas de mañana y tarde; el cambio del sistema puro de jurado por la variante mixta del escabinado; un tiempo máximo de permanencia en los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional; creación de juzgados intermedios de lo civil y de juzgados mercantiles.

La lectura de ese listado no sólo muestra una desmesurada ambición sino también escasas oportunidades de realización. Hay buenas razones para suponer que ese formidable despliegue de objetivos, situados más allá de las posibilidades a corto o medio plazo de cualquier gobierno, se propone fundamentalmente servir de acompañamiento y de coartada a un viejo propósito del PP y de su clientela judicial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM): la modificación del sistema de designación exclusivamente parlamentario de los 20 miembros del CGPJ. El ministro Acebes sugiere regresar al procedimiento abandonado en 1985: ocho miembros elegidos por las Cortes y 12 designados por la carrera judicial (en el CGPJ de 1980, 11 pertenecían a la APM) El Tribunal Constitucional ha dictaminado que ambos procedimientos son conciliables con las instrucciones del artículo 122.3 para designar a 20 miembros del CGPJ: 'De éstos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que estableza la ley orgánica'.

Ciertamente, el sistema hoy en vigor desembocará en el abuso cuando las Cámaras -señalaba esa misma sentencia- 'atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno' y asignen las 20 plazas del CGPJ en proporción a la fuerza parlamentaria de los partidos: el espíritu constitucional, sin embargo, 'obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial'. Pero la enfermedad partitocrática no se debe curar con la receta todavía más peligrosa del gremialismo, esto es, con la entrega del CGPJ a los intereses corporativos de la APM ligados con el PP. El Gobierno no sólo se parapeta tras el descontento de los ciudadanos ante el mal funcionamiento de los tribunales para ajustar cuentas con el Poder Judicial por resoluciones que no le han complacido (el indulto de Liaño, la congelación de los sueldos de los funcionarios, el caso Xaki): pretende, además, apoderarse del CGPJ.