En 15 días se han realizado en Barcelona 557 detenciones de niños acusados de hurtos
El pleno puso al descubierto serias desavenencias entre el PSC y su socio de gobierno IC-V. Mientras la responsable de Seguridad Ciudadana, la socialista Carme Sanmiguel, insistía en la necesidad de reformar el Código Penal y agilizar los juicios rápidos para los delitos menores, la teniente de alcalde Imma Mayol sostenía que cambiar la legislación no implica cambiar la realidad 'por arte de magia'. 'De lo que se trata', dijo Mayol, 'es de influir en las causas que la originan', por lo que propuso articular una política social preventiva. 'Endurecer la norma nunca sustituirá la atención preventiva. Aunque esta última sea menos aparente, resulta más efectiva'.
Sanmiguel dibujó un panorama preocupante y se apoyó en algunos datos: por ejemplo, en los últimos 15 días se ha detenido a 557 niños por delinquir. La ciudad de Barcelona resulta, dijo, muy atractiva para las mafias organizadas, que traficar con las personas que emigran de sus países.
Aseguró Sanmiguel que la prostitución y el número de mujeres que la ejercen también han aumentado. A ello hay que añadir lo que la concejal definió como 'la nueva economía del delito', a la que se dedican, según ella, unas 300 personas. También habló del centenar de menores, de niños de la calle, que sobreviven gracias a tirones y pequeños hurtos que practican cada vez con más agresividad, normalmente bajo las órdenes de un adulto. En 1999 aumentaron también las denuncias por malos tratos a mujeres: en total se presentaron 3.281.
Los esfuerzos de Sanmiguel por convencer a los miembros del plenario fueron en vano. Le llovieron las críticas no sólo desde los bancos de la oposición, sino también de los socios de gobierno de IC. Imma Mayol alertó de la importancia que tiene desvincular el hecho inmigratorio de la delincuencia. Recordó que si en la década de 1980 los drogodependientes eran quienes generaron inseguridad, ahora se corre el riesgo de 'criminalizar a magrebíes'.
Por parte del PP, Antonio Ainoza felicitó con sorna a Sanmiguel por 'bordear el asunto de la inseguridad sin incidir en él'. Abogó por abordarlo de forma pactada con todos los grupos. A juicio de CiU, existe un divorcio en esta cuestión entre el gobierno municipal y la realidad que percibe la ciudadanía.
La subasta de terrenos de Renfe-Meridiana, de propiedad municipal, para construir un gran centro comercial motivó otra acalorada discusión entre el gobierno y la oposición. Se trata de una parcela de unos 4.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento expropió por 45 millones de pesetas y que ahora está valorada en 2.960 millones. CiU y el PP coincidieron en que Barcelona tiene demasiados hipermercados, lo cual perjudica, según dijeron, al comercio tradicional.
La propuesta que suscitó más polémica planteaba convocar una subasta entre las empresas interesadas en levantar en el sector central de Renfe-Meridiana un centro comercial. El Corte Inglés es uno de los candidatos dispuestos a apostar por la futura área de nueva centralidad de Nou Barris, muy cerca de los terrenos donde la multinacional británica Heron está construyendo uno de los mayores complejos lúdicos de Europa. El concejal del PP Emilio Álvarez acusó al equipo de gobierno de 'especular con suelo público'. CiU y el PP presentaron alegaciones contra el pliego de condiciones de la subasta y fueron desestimadas.
El primer teniente de alcalde de Urbanismo, el socialista Xavier Casas, manifestó que se están defendiendo los derechos de la ciudad al desarrollar unos terrenos que llevan 25 años pendientes de actuación.
La oposición de CiU insistió en que resulta incongruente que por un lado la municipalidad recalifique terrenos destinados a equipamientos para edificar viviendas sociales y que luego venda un solar de su propiedad en el que se podrían edificar 30.000 metros cuadrados de techo.
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