El Gobierno y los regantes del delta del Ebro llegan a un preacuerdo que reduce el trasvase

El Ministerio de Medio Ambiente y los regantes del delta del Ebro alcanzaron en la noche del miércoles un principio de acuerdo que permitirá reducir de 1.050 a 650 hectómetros cúbicos el trasvase recogido en el Plan Hidrológico Nacional. El pacto se sustenta en la disposición de los regantes del delta a ceder a Medio Ambiente más de 400 hectómetros cúbicos de sus derechos concesionales. Esta cesión evitaría perjudicar el ecosistema del delta al reducir en esa misma cantidad la detracción del Ebro con destino al trasvase. Los regantes, a cambio, consideran que necesitan unos 150.000 millones para frenar la intrusión marina y en planes de desarrollo, una inversión que el ministerio considera exagerada.

'No habrá venta de agua, que quede claro', insistió ayer el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández. No la habrá, pero al final los regantes del delta del Ebro -9.000 familias, 25.000 hectáreas de cultivos de arroz- obtienen lo que llevan reclamando desde hace años y que la Generalitat de Cataluña incorporó en sus alegaciones al Plan Hidrológico Nacional (PHN). Dinero para financiar infraestructuras de riego y frenar la intrusión salina.

Manel Masìa, presidente del sindicato de regantes de la margen derecha, cifra esas inversiones en 150.000 millones de pesetas. 'Esa cifra se la han debido de inventar. No tenemos identificadas todavía las obras previstas', corrige Pascual Fernández.

El miércoles por la noche, después de un encuentro en el Congreso con el presidente del PP en Cataluña, Alberto Fernández, el ministro de Medio Ambiente reunió en su despacho al secretario de Estado y tres dirigentes de los regantes del delta; Joel Bonet, Josep Lluch y Manel Masìa. De ocho a once y media de la noche los reunidos estudiaron las exigencias de los regantes, que representan al colectivo más poderoso del sur de Tarragona. En las últimas semanas la región ha sido escenario de numerosas manifestaciones de protesta contra el trasvase del Ebro, parques eólicos y una central térmica.

Intrusión salina

Los regantes poseen concesiones de grandes volúmenes de agua que parten de Cherta y circulan por canales paralelos al cauce del río. Cuando hace unos años se construyó el denominado minitrasvase a Tarragona ya obtuvieron compensaciones. A medida que ha aumentado el consumo de agua en la cuenca del Ebro y se ha reducido el aporte de sedimentos, el delta sufre un proceso creciente de intrusión marina. En épocas de fuerte estiaje el agua del mar ha llegado hasta Tortosa, alejada 40 kilómetros de la desembocadura. El agua salada es el mayor enemigo de los cultivos de arroz (problema común en los arrozales sevillanos del bajo Guadalquivir).

Para pagar los gastos de modernización de riegos y frenar la salinización los regantes siempre han estado dispuestos a vender el agua que 'les sobra'. Lo reconoce sin tapujos el propio Joel Bonet, presidente del sindicato de regantes de la margen izquierda.

El ministerio no se presta al trueque pero acepta negociar. 'La intrusión marina les obliga a consumir más de 60.000 metros cúbicos de agua por hectárea, seis veces más que el regadío tradicional de Murcia', dice Pascual Fernández. El secretario de Estado añade que no se dará un paso atrás en el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos al año del Ebro. Pero una parte de esa derivación podría tomarse de los canales del delta.

La Dirección General de Costas está pendiente de recibir un estudio encargado a un profesor de la Politécnica de Barcelona sobre alternativas para frenar la regresión del delta. Con ese informe y los acuerdos que se negocien con la Generalitat de Cataluña y colectivos del delta el ministerio definirá un plan de desarrollo para la región en la que están incluidos los pescadores y mariscadores, afectados también por el descenso de capturas.

Fernández no descarta alcanzar un acuerdo similar con Andalucía sobre un trasvase del bajo Guadiana al Guadalquivir. Dice que deberían haberlo planteado en un paquete integral y no por partes. El proyecto fue discutido por los ministros de Medio Ambiente de España y Portugal en la pasada cumbre de enero. En la fase de tramitación del PHN sólo cabe incluir una recomendación para su estudio porque requiere un acuerdo entre Estados.