Tres asociaciones de mujeres rechazan que las faltas por maltrato se resuelvan por la vía civil

El informe sobre violencia doméstica redactado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encontrado el rechazo de tres veteranas entidades feministas: Themis (juristas), la Asociación de Apoyo a Mujeres Violadas y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. El punto más criticado de la propuesta, que será debatida la semana próxima en el pleno del CGPJ, es la eliminación de las faltas de malos tratos, que sólo pasarían a delitos 'cuando las agresiones alcancen la entidad suficiente'. ¿Y qué se entiende por suficiente?, se preguntan las entidades.

Las asociaciones de mujeres no han sido consultadas a la hora de elaborar este informe judicial por lo que entienden que, a pesar de 'la voluntad de mejora' que anima su redacción, el documento presenta 'propuestas contradictorias' para la lucha contra la violencia doméstica. Éste es el caso, dicen, del paso de las conductas castigadas como faltas a la vía civil.

'Podríamos estar de acuerdo o no, pero siempre que todas las faltas pasaran al régimen civil, pero sólo van aquellas que afectan a las mujeres', dijo María Durán, presidenta de Themis. En cualquier caso, sugieren que cuando la denunciante diga haber sido agredida o crea que pueda serlo, se instruya su caso como un delito de malos tratos habituales y, 'si al final se ve que es falta, se juzgue como tal'.

Aseguran que el paso a los juzgados civiles de las faltas traerá como consecuencia 'un desmedido incremento de absoluciones y los malos tratos quedarán en simples disputas familiares de las que se corresponsabilizará al agresor y a la víctima'.

Otro aspecto por el que consideran que un documento redactado 'con buena voluntad implica tan grande retroceso', es el que se refiere al alejamiento del agresor como medida cautelar: 'Hemos luchado mucho tiempo para que se legislara el aislamiento y ahora proponen que se aplique al violento un tratamiento médico o psicológico, que ya se ha desechado en otros países por ineficaz', explicó Ana María Pérez del Campo, de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Las responsables de estas asociaciones no están en contra de los tratamientos psicológicos pero siempre que se aleje al maltratador de la víctima de forma inmediata. 'La mayoría de las medidas de alejamiento solicitadas ni siquiera son contestadas por el juez y el 90% de las que se aplican no se cumplen', afirmó María Durán.

'El auto de alejamiento dictado por un juez debería remitirse al centro de trabajo y a las comisarías cercanas al delincuente para que resulte eficaz la medida', propusieron ayer. Y si, finalmente, el agresor ignora la sanción 'debe sentir todo el peso de la ley', reclamó Durán.

Las propuestas elaboradas por estas asociaciones de mujeres se entregaron ayer mismo en el CGPJ, con 'la esperanza de que sean tenidas en cuenta' antes de que el documento se apruebe en pleno y pueda servir de base para una futura legislación.

Proponen la suspensión del régimen de visitas -del padre a los hijos- cuando se inicie un trámite de separación marcado por la violencia; piden que el documento recoja la necesidad del secreto sumarial de los datos de la víctima cuando ésta huye de su domicilio. 'El 95% de las víctimas estaban ya en trámites de separación y fuera de su casa', dijo Ana María Pérez del Campo .

Y rechazan de plano la mediación en el conflicto cuando hay violencia. 'La mediación pone en peligro a la víctima y además debe hacerse entre iguales: la víctima firmará los acuerdos por temor', aseguró Pérez del Campo.

'No tenemos, las mujeres, la ciencia infusa, pero sí la experiencia de haber estado en contacto con la realidad y con las víctimas', dijeron. Y, de paso, se quejaron de que tampoco el Gobierno les ha consultado para elaborar las nuevas medidas de choque contra la violencia doméstica.

Este segundo plan gubernamental prevé la inhabilitación del ejercicio de la patria potestad para los agresores cuando el interés del menor así lo aconseje; que la instrucción de las causas por delitos y faltas se acumulen en un solo juzgado; establece cauces de información entre la jurisdicción civil y penal, y la creación de puntos de encuentro para las visitas de los padres a sus hijos en los casos de separaciones con violencia, informa Europa Press.