PSOE territorial

Los socialistas respondieron ayer a las críticas y sarcasmos del PP sobre sus discrepancias internas en torno a la Ley de Extranjería con la propuesta de abrir una negociación al más alto nivel para alcanzar un pacto de Estado sobre la inmigración. Es una iniciativa, sin duda, bienintencionada, aunque sus posibilidades de éxito parezcan bastante remotas. Lo que se entiende mal es que la negociación política lleve aparejada la renuncia a los recursos de inconstitucionalidad que preparan varias comunidades autónomas presididas por los socialistas.

Tiene sentido que Rodríguez Zapatero trate de acogerse a las reiteradas promesas que ha hecho el Gobierno sobre la búsqueda de consenso en el tratamiento de la cuestión migratoria, que ya se ha instalado en el centro de la vida política española para muchos años. Y lo tiene a pesar de que el PP rompió ese consenso en el último recodo de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Extranjería, que se aprobó al fin sin los votos del PSOE. Han bastado unas pocas semanas para demostrar que los problemas existentes en torno a la inmigración no se resuelven con una norma que ya se reconoce inaplicable en determinados aspectos.

De ahí que sea coherente tratar de recomponer algunos acuerdos, ya no sobre la ley, pero sí sobre algunos de sus efectos más perversos. Y el intentar acuerdos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición sobre los llamados problemas de Estado figuraba tanto en el programa electoral del PP como en el de los socialistas. Pero esa voluntad de negociación no pasa por torcer la voluntad de los parlamentos autónomos que decidan recurrir una ley sobre la que pesan fuertes sospechas de inconstitucionalidad.

Es evidente que la ley afecta a derechos constitucionales, y precisamente en algunos puntos que ya fueron objeto de recurso contra la ley aprobada por los socialistas en 1985. El Tribunal Constitucional estimó el recurso que había presentado el entonces defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, y anuló varios artículos que impedían el ejercicio de los derechos de asociación y reunión, entre otros. Es evidente que, con ese antecedente, en cuanto llegue a los tribunales un conflicto relacionado con la aplicación de la nueva ley, los propios jueces plantearán la cuestión de constitucionalidad. Por una vía o por otra, la Ley de Extranjería llegará a manos del Constitucional. Que una comunidad autónoma, plenamente competente para ello, se adelante a plantear un recurso no tiene por qué interferir las negociaciones políticas que Rodríguez Zapatero plantea al Gobierno. Más bien todo lo contrario.