Acuerdo entre la Comunidad y las asociaciones de disminuidos psíquicos

El conflicto por los precios de residencias y centros ocupacionales que enfrentaba a las asociaciones de discapacitados psíquicos y a la Consejería de Servicios Sociales quedó ayer resuelto, aunque en medio de cierta división y una gran tensión.

Las entidades que integran la Federación de Organizaciones Pro Personas con Retraso Mental (Feaps) aprobaron en asamblea, por mayoría, la propuesta de la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez. Ésta consiste en tener en cuenta la renta familiar para fijar el precio a pagar por el disminuido, pero estableciendo como tope máximo la pensión que recibe o el dinero que la familia deduce del IRPF por su discapacidad.

El conflicto estalló a comienzos de diciembre de 2000 cuando el director general de Servicios Sociales, Tomás Vera, envió una misiva a buena parte de los 10.000 padres de discapacitados psíquicos que utilizan residencias y centros, informándoles de que, a partir del 1 de febrero de 2001, se les cobraría el 75% de la renta per cápita familiar por las residencias de sus hijos y el 37,5% por los centros ocupacionales o de día. Los afectados comenzaron a hacer cuentas y estalló el descontento.