El 'Informe 2000' de I+D aboga por la coordinación y un plan financiero

La participación del gasto y del personal de I+D en el PIB de la Comunidad Valenciana -si bien ha crecido ligeramente pasando de representar un 0,56% en 1996 al 0,63% en 1998- mantiene todavía 'una distancia significativa respecto al crecimiento que se ha producido en el conjunto español', donde la ratio de inversión en investigación y desarrollo alcanza ya el 0,9% del PIB. Las razones determinantes de esta debilidad estructural se hallan fundamentalmente en la dispersión de políticas y organismos, la débil presencia de la iniciativa privada y la insuficiente inversión de la Administración valenciana, según las conclusiones planteadas en el Informe 2000 en el que, por primera vez, se proponen una serie de medidas para corregir a tiempo estos desequilibrios, frente al inminente escenario de la moneda única europea en enero del 2002.

El diagnóstico -basado en una investigación demoscópica contratada por la Secretaría de Planfificación de Estudios; en los datos empresariales del Impiva, y en el trabajo inédito del profesor César Camisón, de la Jaume I- es concluyente respecto al papel central que juegan las universidades valencianas en el desarrollo tecnológico. El informe subraya que siguen siendo el motor principal con una ejecución del 50,2% del gasto total valenciano de I+D, que en 1998 alcanzó los 52.228 millones (lo que representa 20 puntos por encima de la media española). En contrapartida, los datos sistematizados por sectores muestran la insuficiente participación del sector empresarial, cuya ejecución se reduce al 39% (a mucha distancia del 52% de la industria española) y la baja inversión de la Administración valenciana (un 9,9%, frente al 16% de la Administración central. [Según el Libro blanco de la investigación valenciana, aún inédito, el gasto empresarial en 1999 representó el 27% y la participación pública subió al 13%, lo que acentúa más la debilidad del sector empresarial].

Líneas de actuación

En este escenario, el Alto Consejo Consultivo propone una serie de recomendaciones en firme para salir de una situación que corre el riesgo de estancarse, como ya advertía el informe de 1999, y evitar que la Comunidad se quede al margen de 'las oportunidades que representan mercados emergentes vinculados a las nuevas tecnologías, derivados de los procesos de liberalización en curso'. Es decir, del sector energético y de telecomunicaciones.

El punto de partida requiere, pues, 'la rápida aprobación del Plan Valenciano de Investigación y Desarrollo (PVID), cuyo borrador hace ahora justamente un año fue aparcado por el Consell ante el aluvión de críticas de la patronal y las universidades. En ese sentido, el informe recoge las quejas y puntualiza que la aprobación del PVID 'precisará un desarrollo específico que, con carácter anual, revise sus logros con las metas prefijadas', 'un plan plurianual de financiación', y 'aunar coherencia con el Plan Nacional', cuya descoordinación en el primer borrador era palpable.

En cualquier caso, el Alto Consejo admite que el volumen de gasto en I+D que se fijaba en el PVID, el 1% del PIB valenciano a alcanzar en el 2003, 'requiere una reflexión sobre las posibilidades del tejido productivo actual'. En la práctica, el informe recoge el rechazo de la patronal y las pymes valencianas a ejecutar el 50% del gasto, como planteaba el PVID, ya que este porcentaje no es proporcional a la participación productiva de la Comunidad en el conjunto español, y la necesidad de que el plan no deje de lado los sectores tradicionales 'limitados por barreras tecnológicas, formativas, inversoras y de mercado'. Con todo, lo que más fuerza cobra en el Informe es la sugerencia de cambios a la criticada política de la Generalitat de centralizar y concentrar los recursos de I+D en tres consejerías, y la apertura del sector de las telecomunicaciones, exigidas por la patronal. Una solución que pasa por la creación de 'un foro de coordinación'.