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El PP mantiene un proyecto de ley de parejas de hecho que la oposición considera 'descafeinado'

La diputada socialista Nuria Espí, que defendió la enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Consell presentada por su grupo, justificó el rechazo por la 'mutilación' que ha sufrido el texto, que 'no tiene nada que ver' con el primer borrador que se sometió al dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. Según Espí, en el texto finalmente remitido a las Cortes ha desaparecido 'cualquier referencia al reconocimiento de las parejas de hecho como familia'. La diputada socialista calificó el proyecto de 'restrictivo' y 'desfasado' y acusó a los populares de ceder a las presiones de los 'sectores más retrógrados', tanto de su propio partido como de la jerarquía de la Iglesia católica, a los que el PP ha hecho 'concesiones'. El resultado, añadió, es un proyecto de ley 'restrictivo' que no reconoce a las parejas de hecho como familia ni las equipara en derechos con el matrimonio. Y apuntó una consecuencia práctica, de ámbito personal: 'Yo, Nuria Espí, pareja de hecho, me voy a casar', anunció, una decisión que justificó porque la ley que previsiblemente aprobará el PP en solitario no le otorgará los mismos derechos que un matrimonio a la hora de acceder, por ejemplo, a una vivienda.

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El diputado de EU Ramon Cardona rechazó el proyecto y aseguró que el PP ha elaborado una 'ley asexuada, censurada y ambigua', en la que ha habido un 'recorte muy cuidadoso' y una 'poda quirúrgica' que 'ha logrado eliminar cualquier referencia a la familia y cualquier analogía entre parejas de hecho y matrimonio'. El parlamentario indicó que la ley 'no atiende a la realidad porque no llega a describirla', carece de 'proyección de futuro', está 'encerrada en sí misma' y no genera 'ningún derecho nuevo'.

Frente a estas críticas, el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, que defendió el proyecto, lo calificó de 'valiente' y 'progresista', aseguró que permite 'la equiparación de estas uniones al matrimonio en el ámbito de la función pública y en el de las competencias de derecho público' y resaltó que 'ha contado con el respaldo explícito de los colectivos sociales implicados'. Blasco dijo que, con su 'rechazo frontal' al proyecto, la oposición se alinea 'con los sectores más reaccionarios de la sociedad' y protagoniza un 'ejercicio gratuito de irresponsabilidad política'.

Correspondencia entre portavoces

Los portavoces de los dos grupos mayoritarios de las Cortes Valencianas recurren a la correspondencia epistolar para comunicarse propuestas, a pesar de ocupar despachos separados sólo por una escalera, de cruzarse por los pasillos de la Cámara y de contar con todas las facilidades que otorgan los modernos sistemas de comunicación, con teléfonos fijos y móviles, fax y correo electrónico. Así, el portavoz del Grupo Socialista, Joaquim Puig, remitió ayer una carta a su homónimo del Grupo Popular, Alejandro Font de Mora, en contestación a la que éste le envió el lunes, en la que le instaba a iniciar el diálogo para consensuar el nombramiento del nuevo Síndic de Greuges. En su respuesta, Puig muestra su disposición a iniciar conversaciones al respecto, sin mencionar que el PP lanzó la semana pasada un nombre sin consensuarlo con los socialistas, cuyos votos son necesarios para elegir al Síndic. Tras realizar una serie de consideraciones sobre el impulso que, a su juicio, necesita la institución, Puig señala que las Cortes deberían aceptar la comparecencia de la Síndic en funciones con motivo de sus recientes informes -a lo que el PP se ha negado- y para exponer el informe de gestión. Ahora Font de Mora le debe carta a Puig.

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