El PA reclama el embargo de los bienes de Gil y sus colaboradores

El PA pedirá hoy a la comisión mixta Congreso-Senado el embargo de los bienes y cuentas corrientes de Jesús Gil y sus colaboradores. El portavoz andalucista en Marbella, Carlos Fernández, justificó ayer la adopción de esta medida por los 'demoledores' resultados del informe sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales durante los diez años de gobierno del GIL, que arroja 62.000 millones de pesetas de gasto público sin justificar, y que hoy será presentado en el Congreso por el presidente del órgano fiscalizador. Ayer, los portavoces de PP y PSOE en la comisión mixta avanzaron en Madrid que pedirán al Tribunal de Cuentas que enjuicie la gestión del Ayuntamiento de Marbella, por considerarla delictiva.

El informe refleja una deuda con acreedores de 17.106 millones de pesetas en 1998, un endeudamiento financiero superior a los 13.000 millones en 1997, transferencias de 23.592 millones sin justificar a sociedades municipales y dudosos pagos millonarios a concejales y colaboradores. Los auditores denuncian también que las autoridades municipales no les facilitaron el 56,6% de los documentos requeridos, y se quejan de numerosos defectos en los libros contables. Cifran la deuda del Consistorio en concepto de cuota obrera y patronal en 9.182 millones de pesetas.

Desvío de fondos

Respecto al presunto desvío de fondos municipales que investiga la Audiencia Nacional, un comunicado difundido ayer por el PSOE de Marbella afirma que Gil utilizó cuatro empresas públicas para transferir 5.000 millones de pesetas de las arcas municipales a las cuentas de otras tantas sociedades privadas (Cantera Nasok, Dintak, Contratas Peninsulares y Contratas el Plantío), que emitieron facturas falsas por obras y servicios no realizados. Las sociedades municipales a través de las cuales se abonaron estos pagos son Turismo Ayuntamiento de Marbella, Jardines 2.000, Planeamiento 2.000 y Contratas 2.000, caracterizadas por la opacidad de sus cuentas.

En la primera, constituida en 1992, figura como presidente el ex primer teniente de alcalde, Pedro Román, y como secretario el ex abogado de Gil, José Luis Sierra. Esta sociedad sólo ha aprobado sus cuentas el año en que fue inscrita en el Registro Mercantil. Lo mismo sucede con Jardines 2.000, donde el teniente de alcalde Julián Muñoz sustituyó a Román al frente de la presidencia, y sólo aprobó las cuentas de los ejercicios 1993 a 1995. Su apoderado es José Luis Jiménez, otro de los imputados en el caso que provocó el pasado jueves la intervención judicial de otras dos sociedades municipales y del Club Financiero Inmobiliario por parte del juez Guillermo Ruiz de Polanco. Planeamiento 2.000, cuyo gerente es Juan Antonio Roca, también imputado, presentó sus últimas cuentas en 1996; mientras que en Contratas 2.000, la más veterana, se repiten los nombres de Román y Jiménez como apoderado y gerente.

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