El TSJA ordena al Ayuntamiento de Tarifa que deje de considerar suelo urbano una zona de Atlanterra
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha ordenado al Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) que 'de forma inmediata y sin dilación' ejecute una sentencia de 1996, confirmada por el Tribunal Supremo (TS) dos años después, en la que se establecía que unos terrenos de Atlanterra (unidades de actuación cinco, seis y siete del Centro de Interés Turístico Nacional Cabo de Plata) 'no constituyen suelo urbano, sino urbanizable programado'. Esta última calificación impide la construcción de viviendas sin dotar antes de infraestructura a la zona. Sin embargo, se han levantado 1.500 casas.
El actual gobierno tarifeño, presidido por Juan Andrés Gil (un tránsfuga de IU que gobierna junto al PP y a los independientes del TAIP), y el anterior, con José Fuentes de alcalde (TAIP), concedieron licencias de obras y permitieron la urbanización de la zona. En todos los casos, los técnicos de la oficina municipal de urbanismo redactaron informes contrarios.
Hoy, las viviendas construidas, pese a la sentencia contraria del Supremo en 1998, tienen serios problemas de abastecimiento de agua y de saneamiento. 'Se aprueban, realizan y ejecutan actos absolutamente contrarios a la forma y términos que se consignan en la sentencia', constata el auto.
Las parcelas urbanas tienen una servidumbre de costa de 20 metros, frente a los 100 metros para el suelo urbanizable. De hecho fue la demarcación de Costas la que presentó el recurso ante el TSJA para lograr que los promotores respetaran la servidumbre legal. Sin embargo, Costas, posteriormente, dio el visto bueno a los estudios de detalle que respetaban la distancia adecuada de las viviendas respecto al mar, aunque el recurso siguió en trámite. El pronunciamiento del TSJA ha sido motivado por la intervención de las comunidad de propietarios Bahía de Plata.
El Ayuntamiento de Tarifa aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las medidas que piensa adoptar para desandar este camino.
Mientras, la comunidad Bahía de Plata pide que se declaren nulos los estudios de detalle aprobados y las licencias de obras concedidas desde 1996. Esto, llevado a sus últimas consecuencias, supondría incluso la demolición de los bloques construidos.
