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La UE sienta un precedente histórico al pedir a Irlanda que rectifique su presupuesto

La decisión no tiene un carácter jurídico vinculante, pero supone una presión política enorme. Tiene también un extraordinario valor de precedente con vistas a futuras censuras, que a juicio del principal promotor de esta decisión, el comisario de Asuntos Monetarios, Pedro Solbes, se darán más a menudo.

El ministro irlandés de Finanzas, Charlie McCreevy, se decantó por el desacato y discrepó de Comisión y Consejo. 'No vamos a fijarnos en las palabras, sino en los datos que llegan cada mes a Bruselas sobre la evolución de las cuentas públicas', templó Solbes en respuesta.

McCreevy defendió su presupuesto nacional y destacó que las cifras macroeconómicas respetan el llamado Pacto de Estabilidad, algo que nadie ha puesto en discusión. Y ése es precisamente uno de los aspectos más interesantes de la decisión tomada ayer, lo que le da su carácter histórico. La censura política a Irlanda se produce a pesar de que Comisión y Consejo reconocen que ese país se ajusta al corsé de rigor en las cuentas públicas admitido por todos para apoyar al euro, y afecta al último recurso que quedaba absolutamente en manos de los Gobiernos: la política presupuestaria. El acuerdo demuestra que esa autonomía presupuestaria es más teórica que real.

Enfado en Dublín

Más allá de la airada reacción pública del Gobierno irlandés está la realidad de que un incumplimiento reiterado y la consiguiente censura provocaría una reacción negativa de los mercados. Hace tres años, ese problema se reducía al pánico de quedar fuera del euro. Hoy afecta al corazón de la autonomía de los Gobiernos para tomar decisiones de política económica. Pese a los llantos de países como Francia, reclamando una mayor coordinación de las políticas económicas en la zona euro, la decisión de ayer pone de relieve que esta coordinación es muy importante. Afecta ya a la política monetaria, a la fiscalidad, a los objetivos de déficit y, desde ayer, a la política monetaria.

Solbes destacó que no se trata de acatar una decisión comunitaria, sino una obligación que se ha impuesto cada Estado miembro de forma voluntaria. Y se mostró confiado en que Irlanda será 'coherente' con esa autoimposición.

El Gobierno irlandés le criticó por difundir su propuesta de recomendación. También Solbes estuvo ahí desconocido. 'Respondo de mi equipo', dijo, y recordó con retranca que todos los Estados miembros tenían una copia del texto y éste fue publicado por primera vez en la prensa irlandesa.

No fueron las únicas críticas que recibió el comisario de Asuntos Monetarios. En la reunión del Eurogrupo, el foro informal que reúne a los ministros del euro antes de cada Ecofin, el francés Laurent Fabius puso en solfa las propuestas de Solbes sobre la evolución futura del Eurogrupo. A juicio de Fabius, ése es 'un asunto de ministros' y no de comisarios.

Solbes se defendió afirmando que la Comisión se limita a aplicar las competencias que le da el Tratado de Amsterdam. Admitió que en lo que afecta al Eurogrupo, Bruselas 'no tiene el monopolio del derecho de iniciativa, pero sí la obligación de tutelar la aplicación de la política económica'.

De hecho, sus propuestas, aprobadas la semana pasada por la Comisión Europea, apenas chocan con las ideas lanzadas también por el ministro belga de Finanzas y presidente del Eurogrupo, Didier Reynders. Ambos coinciden en la necesidad de que las decisiones presupuestarias que afecten a la zona euro sean discutidas por los ministros antes de que sean adoptadas por los parlamentos nacionales. Un modelo que se ajusta más a las ideas alemanas que a la creciente tibieza europeísta de los socialistas franceses.

Coordinación con el BCE

Reynders y Solbes coinciden también en la necesidad de aumentar la coordinación con el BCE, pero el acuerdo es menor en torno a la manera de vincular al muy oficial y poderoso Comité Económico y Financiero con el muy informal Eurogrupo. Y rozan la discrepancia al abordar la representación exterior del euro, que Solbes aspira a atribuir a la Comisión Europea, mientras Reynders piensa en una figura inspirada en la de Javier Solana para la política exterior.

La propuesta de Solbes de crear un subgrupo del euro en el seno del Comité Económico y Financiero no gusta entre los tres países ajenos a la moneda (Reino Unido, Dinamarca y Suecia), pero tampoco es del agrado de Francia, porque es una manera de dar más poder a la Comisión Europea al darle un rango oficial al Eurogrupo y acabar con su carácter informal. París, antaño gran defensor de ese foro, sólo parece apreciar ahora su carácter intergubernamental.

Temor a un recalentamiento

La recomendación adoptada ayer por el Ecofin (los ministros de Economía y Finanzas de los Quince) a propuesta de la Comisión Europea tiene una razón principal: el miedo al recalentamiento de la economía irlandesa. Parece difícil comprender a primera vista por qué se castiga políticamente a uno de los mejores alumnos de la clase. Las grandes cifras presentadas por el Gobierno de Dublín son impresionantes. Las cuentas públicas están más que saneadas, con un superávit presupuestario del 4,7% el año pasado y unas previsiones del 4,3% en este ejercicio, del 3,8% en el próximo y del 4,6% en 2003. La deuda pública caerá desde el ya modesto 39% del año pasado al 24% en 2003. Y el empleo crece a tasas del 4,5%, aunque reduciéndose al 3,5%, el 2,1% y el 1,8% en los próximos ejercicios. Pero el problema de Irlanda no es el saneamiento financiero, sino el recalentamiento económico. Ya el año pasado, la Comisión Europea advirtió al Ejecutivo de Dublín sobre el carácter expansivo de su política presupuestaria. Pese a ello, el producto interior bruto (PIB) creció en ese ejercicio a una tasa espectacular del 10,7%. 'Les pedimos que echaran hielo y le han echado más leña al fuego', resumía ayer de forma gráfica el problema irlandés una fuente de la Comisión Europea. Las previsiones de crecimiento en Irlanda se sitúan en el 8,8% para este año y el 6,3% el próximo, cuando en el conjunto de la zona euro no se espera que supere el tope del 3%. En línea con esas cifras, y de la mano también de la subida del petróleo, la inflación ha crecido a una media anual del 5,6% durante el año 2000, muy lejos del 3,1% previsto por el último plan de estabilidad. Y seguirá varios años por encima del tope del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para el conjunto de la zona euro. Pese a ello, y pese a que el país recibe unas ayudas europeas que superan el 3% de su PIB, Irlanda ha aprobado una ambiciosa reducción de sus impuestos.

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