Clamor inmigrante

Con su calculada decisión de no regularizar ni tampoco expulsar por la fuerza a las decenas de miles de inmigrantes que han quedado fuera del proceso de regularización, el Gobierno parece haber optado por que se pudra la situación, a la espera de que los propios inmigrantes tomen la iniciativa de marcharse voluntariamente. De otro modo no se explicaría la actitud gélida del Gobierno frente al clamor que surge de manifestaciones como las de ayer en Madrid y Valencia -antes en Barcelona- reclamando una salida legal al drama de personas despojadas de golpe de sus más elementales derechos para poder sobrevivir.

Pero es improbable que la inmensa mayoría de estos inmigrantes decida retornar de grado a sus países, pues, por más difícil que sea su situación, en España no será peor que la que encontrarían en su tierra. Lo más probable es que, de no dárseles ninguna oportunidad, se sumerjan en la clandestinidad, a la espera de mejores tiempos, con el riesgo de ser explotados laboralmente o de caer en manos de las mafias, si no de la pura delincuencia. ¿Puede un Gobierno responsable aceptar sin más que tal situación se produzca por efecto de una ley que, según sus defensores, busca precisamente potenciar las vías legales de integración del inmigrante? Ahora tiene ocasión el Gobierno de demostrar con hechos que esas vías legales no se cierran a cal y canto a inmigrantes que, en su inmensa mayoría, tienen trabajo, aunque sea en condiciones precarias, o tienen posibilidades de tenerlo en sectores productivos necesitados de mano de obra.

Una ley de inmigración que arroja a la ilegalidad más extrema a una buena parte de quienes pretenden acogerse a ella no es una buena ley. La actual Ley de Extranjería no lo es. Es tan estricta, al tiempo que irreal, la división que hace entre inmigrantes legales y no legales que desconoce todos aquellos supuestos, frecuentes en el ámbito de la inmigración, en los que, partiendo de una inicial situación de irregularidad, se le abren al inmigrante horizontes plausibles de integración en la sociedad de acogida. Quizá por ello, el Gobierno busca flexibilizar la ley a través de su desarrollo reglamentario, ampliando las razones humanitarias y de arraigo que permitan al inmigrante irregular lograr la legalización de su situación. Pero una mala ley, como lo es la de Extranjería de este Gobierno, no se arregla con meros parches reglamentarios. Habría que reformarla, como se ha comprometido a hacer 'con el voto de los ciudadanos' el secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, en lugar de recurrirla ante el Constitucional. Pero habría que hacerlo antes de que su mensaje excluyente y alarmista ante el fenómeno de la inmigración produzca graves destrozos en la sociedad.