Lecciones de un fiasco

El fracaso de la fusión entre las dos grandes compañías eléctricas españolas, Endesa e Iberdrola, ha conmocionado alguno de los pilares de la economía nacional, menos firmes de lo que parece a primera vista. Tanto quienes estaban a favor de la fusión por razones de eficiencia empresarial como los que se oponían a ella en virtud del abuso de posición dominante que generaba están ahora de acuerdo en que la quiebra de la operación ha introducido grandes dosis de desconcierto en el Gobierno y en los mercados de valores, aunque sea por distintas causas.

Mientras el Ministerio de Economía debe estar calculando todavía cuánto más tenía que haber suavizado las limitaciones de generación eléctrica, distribución y comercialización recomendadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) para que la unión de ambas empresas hubiera sido posible, los inversores se preguntan si la economía española tiene un marco fiable y duradero en el que las empresas puedan desarrollar su negocio, arriesgar su dinero a cambio de una expectativa de rentabilidad y apostar por operaciones de concentración con la certeza de que las normas no cambiarán a voluntad del Gobierno en el momento menos oportuno.

El fiasco de la gran operación eléctrica, que sus mentores vendieron como la solución áurea para aumentar la competencia en el mercado eléctrico, ha dejado en evidencia al Gobierno. Su presencia en la trastienda de la fusión ha sido excesiva e indiscreta, primero como gran valedor político de los planes de Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol y después como aprendiz de brujo aplicando a discreción unos imprecisos criterios de competencia para ablandar las muy estrictas condiciones impuestas por el TDC. Defender con una mano una concentración eléctrica en un mercado muy cerrado con el fin de aumentar el poder empresarial de una empresa amiga (Endesa) y con la otra, principios estrictos de competencia, es un ejercicio de funambulismo político que no puede salir bien, salvo como excepción.

La imagen del Ministerio de Economía, soslayando de entrada que el dictamen del TDC había considerado improcedente la fusión en primera instancia e intentando después aproximar las condiciones fijadas in extremis por el tribunal a las exigencias de las compañías, es un espectáculo político deplorable. Viene a demostrar que el TDC es hoy una institución prescindible, un lujo administrativo con vistas a la galería; y también que el Gobierno tiene que rehacer rápidamente su política en materia de defensa de la competencia, que ahora mismo es un modelo de arbitrariedad, y apostar por instituciones reguladoras independientes, dotadas de poder real, de iniciativa para actuar y construidas sobre el acuerdo de los partidos políticos para que sean instrumentos del Estado, y no meros apéndices administrativos de los caprichos del Gobierno de turno.

El papel de los responsables de Endesa e Iberdrola no resulta más airoso. Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol tuvieron el acierto inicial de plantear una operación ventajosa, sobre todo para Endesa, que encerraba un grave problema -fusión de las dos empresas más grandes que operan en un mercado cerrado- y al mismo tiempo la solución teórica a ese problema -la posibilidad de que con la venta de activos excedentes pudiera aumentar el número de operadores-. Pero a partir del enfrentamiento de Oriol con una parte de los accionistas de Iberdrola, que exigían que el consejo examinara también la oferta de compra presentada por Gas Natural, la credibilidad de los gestores se esfumó y quedó en evidencia su incapacidad para pilotar una operación tan compleja.

El fracaso de esta fusión es, en primer lugar, el fracaso de los equipos empresariales que la impulsaron. Sus efectos sobre la estructura del sector serán probablemente drásticos y duraderos. Si el mercado actúa de forma consecuente, sin impedimentos políticos, Iberdrola pagará el error desapareciendo como empresa independiente y Endesa tendrá que competir en el mercado nacional con grupos eléctricos europeos. El sueño de gestionar cómodamente el oligopolio eléctrico del mercado español con operaciones a medida empieza a desvanecerse. Para el Gobierno, corresponsable del fracaso, debe resultar desconcertante comprobar que hace falta algo más que su autorización y su apoyo para que se cierre con éxito una operación empresarial. La moraleja más plausible de esta historia es que los accionistas también importan; a ver si es posible que en el futuro importen más que los directivos y el Gobierno.