EL PRIMER 23-F

En el momento en que se aproxima el vigésimo aniversario del intento de golpe de Estado de 1981 han sido varios los libros aparecidos, algunos con nueva información valiosa y otros de interpretación general de aquel suceso dramático. Resulta probable, no obstante, que las claves esenciales de lo sucedido se conozcan de manera suficiente desde hace tiempo. Lo que, en cambio, quizá no esté tan claro es que, en realidad, la mayoría de los altos cargos militares de la España de 1975 fueron durante todo el periodo de la transición claros oponentes a aquel proceso. En aquel momento, lo que habitualmente se afirmó fue que tan sólo una parte reducida del generalato estaba en contra de la democracia, pero este tipo de afirmaciones se hacían en público y con un propósito disuasorio, mientras que en privado la actitud de los gobernantes consistió a menudo en recalcar que con el ejército de que se disponía era imprescindible ir despacio y con mucha prudencia.

TRES MESES DESPUÉS DE LA MUERTE DE FRANCO YA HABÍA MILITARES DISPUESTOS A INTERVENIR EN POLÍTICA

El Rey y los militares: sólo tres años para hacer la transición

Uno de los papeles más decisivos que a don Juan Carlos le tocó desempeñar durante la transición fue el de evitar la intromisión militar, convirtiéndose en una especie de escudo protector de la expresión de la voluntad libre de los españoles. El hecho de ser el sucesor designado por Franco y su política de atracción de los militares le permitía desempeñar ese papel. Pero si don Juan Carlos tenía una obvia capacidad de acción de cara a los medios militares, al mismo tiempo ésta no tenía por qué ser indefinida en el tiempo ni tampoco tan amplia que le permitiera una absoluta libertad de movimientos.

Así se dice en un informe, elaborado por algún mando liberal pocos meses antes de la muerte de Franco, que, sobre la actitud política del ejército, recibió don Juan y se conserva entre los papeles de Pedro Sainz Rodríguez. Por su contenido, da la sensación de que era cierto en lo esencial y que incluso el Rey lo compartía. De acuerdo con él, los tenientes generales, educados en la academia dirigida por Franco o ascendidos en la guerra civil y en la División Azul, eran personas muy conservadoras entusiásticamente adheridas al régimen sin apenas matices, pero de prestigio pequeño entre los mandos inferiores. En este informe se decía de alguno de ellos que 'tenía mentalidad de cazurro de pueblo' o que estaba 'desprestigiado por su conducta personal'. Menos de una cuarta parte aparecían bien conceptuados y sólo a uno se le atribuía una vinculación personal con el Príncipe. Se trataba de Fernando de Santiago, que sería vicepresidente del Gobierno al comienzo de la transición y que no resultó en absoluto proclive a apoyarla. De los 40 generales de División, sólo eran citados cinco como destacados y bien calificados como profesionales. Dos de ellos desempeñaron un papel importante en la transición -Gutiérrez Mellado, sobre todo, y también Ibáñez Freire-, pero la especial vinculación con el Príncipe sólo se hacía notar en el caso de Jaime Milans del Bosch, que resultaría artífice principal del 23-F. Entre los generales de Brigada y los coroneles había una mayor sensibilidad política y social más acorde con la de la sociedad española y también mejor preparación técnica y universitaria, pero la necesidad de tener en cuenta su carrera profesional les mantenía alejados de cualquier aperturismo. En el nivel de mando inferior, en cambio, se producía un mayor grado de diferencia política con los altos escalones del mando porque entre comandantes, capitanes y tenientes se veía la guerra civil 'en una gran lejanía'; además, estas graduaciones eran 'muy permeables a las preocupaciones de la sociedad actual, perceptibles en la prensa diaria y sobre todo en las revistas, y no ven las razones de nuestra separación de Europa'.

La conclusión de este informe decía que la política del Príncipe con los medios militares había sido 'hábil' y 'constante'. A pesar de ello, en los niveles inferiores de la oficialidad era ya 'objeto de crítica, lo que no existe en los niveles superiores, y esta crítica aumenta porque la figura del Príncipe se deteriora políticamente con el paso del tiempo al identificarse cada día más con Franco y su régimen, ya en franca decadencia'. En el transcurso de tres o cuatro años, lo previsible sería que, por un lado, quienes ascendieran siguieran siendo personas de significación muy conservadora, mientras que se podrían multiplicar los casos de manifiesto antifranquismo entre los oficiales más jóvenes, quienes podían derivar hacia una actitud semejante a la del Ejército portugués. En suma, don Juan Carlos disponía de tan sólo 'tres o cuatro años' para contribuir a que los españoles pudieran elegir su propio destino. Si el diagnóstico era cierto hay que pensar qué podría haber sucedido con la transición de haberse prolongado la vida de Franco durante tres años o de haber sido ésta mucho más lenta, como recomendó Kissinger.

Un 8 de marzo anterior al 23 de febrero

A lo largo de toda la transición debieron ser muy frecuentes los intentos de ese sector, predominante en la cúpula militar, por evitar que se produjera lo que consideraban como una desnaturalización del régimen de Franco. Tan sólo poco más de tres meses después de la muerte de éste ya había altos mandos militares inquietos y dispuestos a intervenir en política. Así se demuestra en un informe que figura en el archivo de una alta personalidad política del momento y que resulta un precedente claro del 23-F.

En marzo de 1976 había comenzado ya el destape -como entonces se decía- de los partidos políticos, pero de momento el nivel máximo de heterodoxia admitida concluía tan sólo en los democristianos. En enero, una gran oleada de huelgas en Madrid había testimoniado la fuerza de los sindicatos clandestinos, pero también se había demostrado incapaz de derribar al régimen. Acababan de producirse los sucesos de Vitoria, que sin duda fueron un factor determinante de cuanto más adelante se narrará, y faltaban días para que surgiera el organismo aglutinador de la oposición, denominado Coordinación Democrática. Por entonces seguía siendo presidente Carlos Arias Navarro y faltaba un mes y medio para el momento en que la aparición de un artículo en el semanario Newsweek dejara clara su falta de sintonía con el Rey.

Pues bien, en esos días, concretamente el 8 de marzo, tuvo lugar una importante reunión de mandos militares en el domicilio del teniente general Pérez Viñeta. A ella asistieron, según consta en el escrito, el también teniente general Iniesta, aunque 'sólo unos breves momentos'; era director general de la Guardia Civil cuando Carrero fue asesinado y había tenido en aquella ocasión una intervención estridente y nerviosa. También estuvieron otros generales identificados con una posición ultra como Liniers, Cano Portal, Espinosa... Una de las personas de las que se dijo que podía asistir, pero no llegó a comparecer, fue el general Jaime Milans del Bosch.

'Los temas tratados', cuenta el informe, 'versaron sobre la actual situación del país, sobre la necesidad de poner coto a la subversión y la necesidad [sic] de un Gobierno fuerte'. Parece que fue el general Cano Portal quien dirigió el debate. Iniesta, por su parte, en su breve presencia, dijo que 'confiaba en el general De Santiago y en el Rey'. Pero, aunque ninguno de los presentes se enfrentó a esta opinión de forma frontal, otros la matizaron y, desde luego, ninguno se mostró contrario al planteamiento transcrito entre comillas. Cano Portal llegó a decir que 'aun siendo excelente persona y honorable militar, era hombre débil, incapaz de tomar decisiones y atado a fidelidades que él mismo se había buscado'. Se debía referir a su condición de monárquico, que, como ya sabemos, era patente, y a su relación con don Juan Carlos.

Lo importante es que esta conversación no quedó en tan sólo palabras, sino que tomaron decisiones y éstas en cierto sentido recuerdan a lo que luego sería el 23-F. 'Se trató igualmente', continúa el texto, 'de la necesidad de hacer un informe amplio sobre la situación y los deseos de las Fuerzas Armadas para presentárselo al Rey con el general De Santiago, si éste accedía, o, si no, sin él'. El Rey aparecía, por tanto, como un medio para que estos militares impusieran sus ideas. Aún le respetaban -desde luego mucho más que al vicepresidente- y, sin darse cuenta de que desempeñaba precisamente el papel de escudo protector frente a su intervención, estaban dispuestos a presionarle a ultranza. Incluso llegaron a organizarse para convertir en eficaz este intento. Para redactar el escrito y hacérselo llegar al Rey se nombró al teniente general Pérez Viñeta como coordinador del grupo, ayudado, como subordinado, por el teniente coronel López Anglada. Se trataba, en suma, de nuevo, de acuerdo con el texto literal del informe, 'no de dar ningún golpe de Estado, pero sí forzar un cambio de Gobierno con personas más afectas al franquismo y con más amplio sentido de la autoridad'. En un momento en que la sociedad española percibía más bien poquísimos cambios y muy titubeantes en la política española, estos militares, paradójicamente, ya veían el régimen de Franco despeñándose.

Otro detalle importante de la reunión es que los reunidos comentaron la 'ausencia de un civil con categoría indiscutible o de un militar con prestigio para el caudillaje'. Esta afirmación reviste el mayor interés porque, en efecto, un factor de la mayor importancia en la transición fue esa carencia de liderazgo de la extrema derecha tanto en el terreno estrictamente político -quienes la representaron eran gente de edad y muy poco prestigiosa- como militar, algo que también pudo percibirse en el momento del 23-F. Pero llama la atención qué liderazgo político pasó por la cabeza de los presentes. Blas Piñar era, según el anónimo autor del informe, el que despertaba más simpatía personal entre los reunidos, que reconocían que resultaba difícil unir a nadie en torno a su persona.

Lo importante del caso es que este propósito de hacer llegar al Rey un escrito pidiéndole una rectificación en sentido involucionista no quedó en papel mojado, sino que se tradujo en la práctica. Logró, además, el apoyo del teniente general Fernando de Santiago y se expresó por escrito. En un momento que resulta difícil de determinar, pero que precedió a la llegada de Suárez al poder y coincidió con unas maniobras militares, el escrito fue presentado acompañado por frases estridentes. Había que 'remover el caso de las ratas', parece haber dicho el general citado refiriéndose a la clase política dirigente cuyo reformismo no había llegado a plasmarse en un programa viable y rápido. Para el Rey, la ocasión debió ser un sobresalto, pero cuadró al militar situándole en sus competencias. Quienes ejercieron el poder más adelante y contribuyeron de forma decisiva a la transición conocieron lo sucedido. La permanencia del general De Santiago en el Gobierno no podía durar mucho y, en efecto, lo acabaría abandonando por voluntad propia tras el verano.

Un civil inquieto y liberticida

En ese momento apareció uno de los más inteligentes y decididos opositores de la transición a la democracia, el ex ministro Gonzalo Fernández de la Mora. Cuando percibió que, con Suárez, la senda hacia la libertad empezaba a abrirse recurrió a los mandos militares. Cuenta en sus memorias que habló con Pita da Veiga, ministro de Marina, y con De Santiago, quien, en tono dramático, le aseguró que 'yo nunca traicionaré a los que cayeron'. Ante una próxima reunión de los altos mandos militares en la que Suárez iba a explicar sus propósitos, dijo que 'si hay enfrentamiento no me gustaría sacar a relucir los tanques'. Fernández de la Mora le repuso que bastaría con decir que 'no era partidario' de aquellos propósitos políticos para vetarlos de forma irreversible.

Pero, como sabemos, la reunión transcurrió de un modo muy satisfactorio para el presidente del Gobierno, aunque pasado el tiempo se le reprochara que había dicho que el PCE no sería legalizado. Amargamente, Fernández de la Mora se queja de que de los altos mandos militares 'alguno quiso ganar una patente de democratismo, otros se dejaron engañar, los más se rindieron ante las presiones desde arriba e interpretaron el consenso como un acto de disciplina'. La conclusión fue una auténtica 'castración militar', según asegura. 'La ocasión perdida fue el 8 de septiembre', añade, refiriéndose a aquella reunión.

Tiene razón, pero sólo en parte. Lo cierto es que, dadas las circunstancias, la intervención militar tuvo siempre más posibilidades de triunfar cuanto más cercana estaba la muerte de Franco. En 1981, con dos elecciones generales realizadas y la inmensa mayoría del pueblo español al lado de la Constitución, hubiera sido muy difícil, si no imposible, que un golpe de Estado triunfara de manera estable. Antes, en momentos intermedios, como el de marzo de 1976, cuando había graves tensiones en la calle y rumbos confusos en la política pero también en una parte de la sociedad, las posibilidades de intromisión militar con desenlace favorable para quienes querían cerrar el paso a la democratización fueron mayores. Sin duda, en ese momento un inconveniente de los candidatos a la conspiración fue carecer de liderazgo. Pero contaron también enfrente con el Rey. A lo largo de todo 1976 y 1977 hubo un duro pugilato psicológico entre él y Suárez, por una parte, y ese tipo de mandos militares. Esa tensión es difícil de historiar porque ha dejado poquísimos rastros escritos, pero fue insistente y repetida; por fortuna, pudo también evitarse lo que intentaban esos sectores. Lo que sucedió el 23 de febrero de 1981 fue, pues, la consecuencia de toda una trayectoria previa del Rey, pero también de muchos más generales de los que en el pasado se dijo.