Fútbol de pasaporte
El fútbol español ha reaccionado lentamente a las noticias que llegan desde Italia y Francia, donde la justicia investiga lo que parece un amplio fraude en los pasaportes de numerosos jugadores. Procedentes en su mayoría de Brasil o Argentina, han presentado documentación que les permite integrarse en las ligas europeas como jugadores comunitarios. Ello les concede, en virtud de la sentencia Bosman, no ocupar plaza de extranjero. Este simple dato supone grandes ventajas para los futbolistas, que multiplican inmediatamente su valor en el mercado, pero también para los clubes, que esquivan las limitaciones en el cupo de extranjeros, y para los agentes, atentos a aprovechar las necesidades de los jugadores y los equipos.
Existen muy fundadas sospechas de la falsedad de muchos de los pasaportes de estos jugadores. En Italia se investiga a ocho clubes. Estrellas como el uruguayo Recoba (Inter) y el argentino Verón (Lazio) figuran entre los sospechosos de fraude. En Francia, las pesquisas afectan a 28 futbolistas y 11 clubes. No es difícil pensar en una amplia trama económica alrededor de las presuntas ilegalidades que se están cometiendo. La marea del escándalo llega ahora a España, donde la federación ha exigido a los clubes la verificación de los pasaportes de los jugadores que han obtenido la condición de comunitarios. Aunque hasta el momento no se ha descubierto ningún pasaporte falso, algunos síntomas obligan a pensar que nuestra Liga no es ajena al fraude. Con una consideración añadida: el fútbol español ha sido demasiado permisivo con las actuaciones irregulares. Es el caso de las gravísimas deudas de los clubes, la utilización de contratos de imagen para salvar las obligaciones con el fisco o el incumplimiento de normativas que deberían haber llevado a algún equipo a Segunda División.
En el caso de los pasaportes falsos, se debe extremar la vigilancia por dos motivos. Para cumplir las leyes y para preservar el principio de igualdad en el deporte. Como en el dopaje, nadie puede sacar ventaja de la ilegalidad frente a aquellos que se ajustan a la norma. Otra cuestión es el peligro que se deriva de la segregación de los deportistas extracomunitarios frente a los comunitarios y la consiguiente aparición de un mercado que hace negocio del fraude. ¿No sería preferible acabar con esa distinción?
