Exculpados todos los políticos juzgados por las anomalías en el consejo del Priorat

No queda ningún político en el banquillo por el caso Priorat, después de que el ministerio fiscal modificara ayer sus conclusiones provisionales y exculpara de todo delito al ex presidente del Consejo Comarcal Josep Maria Buil, al vicepresidente Jaume Vallès y a los tres miembros de la Comisión de Medio Ambiente del organismo local. La vista oral de ayer dejó como principal responsable de las irregularidades económicas advertidas en el consejo del Priorat en 1995 al que fuera su gerente, Enric d'Anguera, para quien el fiscal pide 6 años de prisión y 15 de inhabilitación.

D'Anguera ha visto rebajada la pena a la mitad. Los dos empresarios juzgados por el caso, Armand Gutiérrez, administrador de Eco-lògica, y Francesc Puertas, de Ieder, y el secretario del Consejo Comarcal, Artur González, se quedan en el banquillo, acusados los dos primeros de falsedad documental y estafa, y de falsedad imprudente el tercero.

El caso Priorat pasó ayer de nueve acusados a cuatro, lo que supone la imposibilidad de achacar a ningún político responsabilidades en las irregularidades económicas observadas en 1995 en el consejo, cuando llegaron a la presidencia del mismo los democristianos de UDC, en sustitución del convergente Josep Maria Buil. Éste, que se enfrentaba a una petición de seis años de prisión, fue exculpado por el fiscal y por las acusaciones particulares del consejo y de la Generalitat bien porque 'no tuvo intervención dolosa o culposa', bien porque su único delito fue 'un exceso de confianza' en el gerente. No hubo justificación para la exculpación de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Joan Borja, Miquel Blanch y Jaume Ferrús, así como para la de Jaume Vallès, más allá de constatar que 'no tuvieron intervención dolosa'.

Autodenuncia

Tras las pruebas testificales y documentales, el fiscal emitió ayer su informe, en el que pidió al tribunal que tuviera en cuenta la autodenuncia que D'Anguera formalizó en los juzgados de Falset, así como la globalidad del caso: 'Proyectos no entregados, facturas sin justificación, pagos dobles... en una sucesión que no puede dejarse al margen'.

El fiscal reiteró la creación de empresas fantasma por parte del gerente para el cobro de subvenciones y el ánimo de favorecer a determinadas empresas como Eco-lògica o Ieder, que cobraron por trabajos que no realizaron nunca o que si resultaron reales fue gracias a las tareas del propio personal del consejo.