En defensa de un modelo social

Un año después de los sucesos de El Ejido he tenido la sensación de que en ningún sitio se deja una puerta abierta a la realidad de la provincia de Almería. Este rincón de España, donde nadie duda en veranear gracias a la bonanza del clima y a la exótica belleza de sus playas, tiene además una serie de virtudes de progreso económico que en la mayoría de las ocasiones sufren un malintencionado tijeretazo.

Ha pasado más de un año desde que los vecinos de El Ejido salieron a la calle para pedir solidaridad y denunciar públicamente su confusión tras la llegada de más de 15.000 ilegales protagonistas de una inmigración desordenada, sin trabajo y sin alojamiento. El asesinato de tres vecinos a manos de inmigrantes en menos de 15 días encendió entonces la violencia callejera, que no fue cortada a tiempo por las fuerzas del orden.

A pesar de que nos miran muchos ojos, nadie encuentra en Almería los beneficios de un modelo agrícola único en Europa basado en el reparto de la tierra, con más de 17.000 explotaciones a título principal, un dato que demuestra que el agricultor medio no tiene más de dos hectáreas de invernadero. Se trata, por tanto, de un sistema productivo con un importante componente social en el que el principal trabajador de la explotación es el dueño de la misma. En el conjunto de las explotaciones agrícolas, cifradas en más de 30.000 hectáreas de invernadero en la provincia, se necesitan unos 25.000 trabajadores temporeros a lo largo de la campaña.

En ningún caso, Almería puede leerse como el modelo de una economía basado en la consagración de la desigualdad económica. En muy pocas zonas de España el agricultor y su explotación tienen las expectativas que les ofrece la agricultura bajo plástico, con los beneficios de arraigo en la población rural y el aumento en la dotación de servicios en las zonas, en principio, más desfavorecidas, además de la subsistencia propia gracias a la fuerte demanda del mercado.

Es bueno recordar que, en comparación con el resto de provincias andaluzas, Almería ha tenido en los últimos 20 años el mayor índice de crecimiento económico en la región con el menor ratio de ayudas institucionales. A pesar de eso, Almería ha aplicado modernos sistemas de riego para aprovechar el agua y ha sabido situarse en primera posición por el valor de la producción final agraria de Andalucía, muy por encima de otras provincias españolas con un modelo de agricultura extensiva basado en grandes terratenientes que reciben importantes subvenciones comunitarias.

Es cierto que en Almería tenemos defectos, y sería un gran error querer esconderlos. Dicen de nosotros, los agricultores almerienses, que somos esclavistas, que trabajamos en grandes explotaciones o que mantenemos en apartamentos de lujo a unas prostitutas rusas para los ratos de ocio... Tantas cosas dicen de nosotros que al final se pierde el rumbo y hasta el respeto a una provincia y a una profesión que está superando las injusticias históricas que se han cometido con ella.

En los últimos meses recibimos el ataque en toda regla de foros cívicos y organizaciones humanitarias. Pero, ¿cómo pueden llamarse humanitarias unas organizaciones que no consienten la legalización de la mano de obra inmigrante en sus países de origen? Estas ONGs parecen olvidar, por ejemplo, que el gobierno marroquí lanza a parte de su población hacia Europa con una 'patada en el culo' y una patera, al tiempo que Marruecos hace gala de su infraestructura militar a la hora de ametrallar pesqueros españoles, pero no a la hora de detectar las pateras que naufragan en aguas del Estrecho.

El ataque de los foros humanitarios lo formulan los mismos individuos que luego se comen nuestras hortalizas en Berna o en Amsterdam etiquetadas en el norte de Europa por algún comercializador que está haciendo su agosto comprando en origen productos españoles a bajo precio. Al final, no hay más remedio que sospechar la existencia de una guerra comercial en la que el estandarte revulsivo para convencer a los consumidores europeos es una horda de tropelías cometidas por los 'analfabetos del sur' en contra de los derechos humanos de sus trabajadores. Y, además, lo dicen con el consentimiento de un manojo de escogidos intelectuales que ofrecen un mínimo de credibilidad a los millones de europeos que reciben estas noticias cómodamente sentados frente al ordenador de casa.

Para terminar, yo me pregunto: dónde están los intelectuales españoles capaces de brindar un análisis objetivo sobre la actualidad de la inmigración en nuestro país y dónde están las instituciones capaces de establecer los mecanismos diplomáticos necesarios para evitar una agresión internacional sobre uno de los sectores productivos más rentables de Europa.

Eduardo López Vargas, secretario provincial de COAG-Almería