Ruiz-Gallardón cree que San Cristóbal 'no es el lugar apropiado' para el depósito de Renfe

El presidente de la Comunidad de Madrid considera -como los vecinos, ecologistas y oposición- que las inmediaciones del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, donde viven cerca de 15.000 personas, no son 'el lugar más apropiado' para ubicar 24 tanques de combustible. Tras las denuncias y críticas recibidas por el proyecto de Renfe -que pretende enterrar un gran almacén de gasolina en ese barrio de Villaverde, donde ya existe otro de la compañía Campsa- Ruiz-Gallardón explicó que la declaración de impacto ambiental favorable emitida por la Consejería de Medio Ambiente no significa que la Comunidad haya autorizado la instalación.

'Alguien podría pensar que la Comunidad apoya y aprueba esta instalación, y yo digo que no es así', subrayó el presidente regional, que recordó otros casos en los que también hubo informe medioambiental favorable de la Administración autónoma para un proyecto que después no recibió el visto bueno urbanístico. Ruiz-Gallardón puso como ejemplo la polémica planta de tratamiento de residuos peligrosos de Torrejón de Velasco, que también logró una declaración de impacto positiva. Sin embargo, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, no otorgó el último permiso (la necesaria calificación urbanística del suelo) para que se pudiera poner en marcha.

Pero en el caso de Villaverde, la Comunidad no puede hacer nada, ya que el Plan General Urbano de Madrid está aprobado, y la parcela donde Renfe quiere colocar los grandes contenedores de combustible tiene la calificación urbanística necesaria. Por esta razón, Ruiz-Gallardón recordó que el Consistorio tiene la última palabra sobre las instalaciones: 'Al Ayuntamiento le corresponde establecer el critero urbano', aseguró, para añadir después que la Comunidad aprobará 'cualquier' propuesta que le presente el Ayuntamiento para modificar el Plan General de Ordenación Urbana en cuanto a los usos de esos terrenos.

Ruiz-Gallardón aceptó que se le podía reprochar que la Comunidad pudo haber corregido el Plan General de Madrid cuando se aprobó, con el fin de evitar estas instalaciones, pero dejó claro, a renglón seguido, que la Consejería de Medio Ambiente hizo bien su trabajo al firmar una declaración de impacto ambiental positiva. Medio Ambiente 'no puede entrar en valoraciones distintas de aquéllas contenidas en la legislación medioambiental', explicó el presidente regional, que precisó a continuación: 'Yo coincido plenamente con los vecinos en que no es ése el lugar más adecuado para construir una instalación como ésa'.

Intenciones de la compañía

Por su parte, la diputada socialista en el Congreso Dolores García-Hierro pidió ayer la comparecencia del presidente de Renfe, Miguel Corsini, para que informe sobre 'las intenciones' de la compañía de construir la citada instalación de almacenamiento de combustible, con el 'consiguiente riesgo para la salud y la seguridad de las personas'.

El portavoz del grupo municipal del PSOE-Progresistas y secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Rafael Simancas, acusó al Gobierno de 'hacer ciudad en contra de los vecinos, en vez de cuidar de sus intereses'. 'Ese proyecto es una barbaridad, porque [la instalación] es ilegal e incumple todas las normativas en cuanto a las distancia que han de establecerse entre las instalaciones peligrosas y las viviendas habitadas. Políticamente, es un despropósito, ya que incide aún más en el desequilibrio territorial que padecemos en Madrid. El PP sigue llevando las instalaciones peligrosas y nocivas para la salud al sur de la capital', concluyó Simancas.