Aprobada una investigación de las ayudas a la Zona Franca
El Parlamento aprobó ayer investigar las ayudas a la Zona Franca de Cádiz concedidas o gestionadas por la Junta de Andalucía, desde 1982, tras un afilado debate entre PSOE y PP, en el que ambos grupos se acusaron de cometer irregularidades en el Consorcio. La proposición no de ley, a iniciativa de los socialistas, planteaba ampliar el recinto fiscal y la presencia física de la Zona Franca en los municipios, pero se convirtió en un combate de boxeo entre el portavoz del PSOE, José Blanco, y la popular María José García Pelayo, cuando esta interpeló a Blanco por no haber mencionado las presuntas actividades irregulares del actual delegado, Manuel Rodríguez de Castro, en la exposición de motivos de la iniciativa, pese a figurar en el texto escrito.
García Pelayo dedujo de esta omisión que el PSOE no quería entrar en el asunto al conocerse que la Zona Franca, bajo el mandato socialista, pagó sobresueldos, entre 1990 y 1993, a sus directivos y que sólo regularizó la situación fiscal en la víspera del traspaso de poderes de 1996, tras la victoria electoral del PP. La popular dijo: 'La tortilla ha dado la vuelta y ahora son ustedes lo que tienen que dar explicaciones'. Blanco replicó que había obviado la alusión a Rodríguez de Castro porque el PP, cuando se ordenó el pleno, había vetado que se abordara una solicitud al Gobierno para que investigara al delegado y, sin esta petición, el citado párrafo se quedaba en el aire.
Desviaciones
Blanco se refirió entonces a las desviaciones presupuestarias, superiores a 100 millones, de Rodríguez de Castro, a la incompatibilidad como alto cargo por su relación con un entramado de 11 empresas, al abono de gastos privados desmesurados y a la arbitrariedad en la contratación de personal. El socialista se preguntó que, si el PP no teme nada y utiliza la técnica del calamar y del 'tú más', por qué la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que es a su vez presidenta del Consorcio, ha impedido que se debata este asunto en un pleno del Ayuntamiento. También cuestionó por qué el Consorcio descubre seis años después los pagos de los sobresueldos y no cuando el PP se hizo cargo de la Zona Franca. El portavoz del PSOE añadió que la alcaldesa tiene mucha responsabilidad y que el PP trata de tapar la gestión de Rodríguez de Castro con el sistema de descalificación del adversario.
García Pelayo calificó las imputaciones al delegado de 'tres corbatas más o tres comidas menos, dentro de la ilegalidad,' y defendió su gestión. José Blanco respondió que la voluntad más clara de su grupo de transparencia es aceptar una investigación desde 1982.
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