Justicia exige al Supremo que anule su decisión de que Liaño no vuelva a ser juez

El Ministerio de Justicia presentó en la mañana de ayer el anunciado requerimiento de inhibición previo al conflicto de jurisdicción contra el Tribunal Supremo. Lo más llamativo del oficio es que el Gobierno pide al Supremo que anule la resolución en la que deniega el reingreso en la carrera judicial al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por un delito de prevaricación judicial continuada.

Al margen del requerimiento de inhibición, la petición al Supremo para que anule su propia resolución fue recibida con sorpresa en la sede del alto tribunal, por tratarse de una especie de petición de parte, 'incongruente' con los cauces procesales y que denota que el ministerio 'no ha entendido muy bien' el conflicto, según los expertos consultados.

El escrito de siete folios, fue registrado entre las 12.30 y las 13 horas, según fuentes del Supremo, y además fue entregado en mano por la jefe de gabinete del ministro, María José García Beato, al presidente de la Sala Segunda, Luis Román Puerta Luis, con el que permaneció reunida por espacio de una media hora. Puerta es el integrante del tribunal sentenciador que ha formulado un voto particular disidente de la mayoría en el que se muestra partidario de reintegrar a Liaño a la carrera judicial, tal como propone el Gobierno.

Precisamente los presupuestos sobre los que se fundamenta el conflicto de jurisdicción coinciden con los argumentos de Luis Román Puerta en su voto favorable al reingreso de Liaño, en especial en lo referente a que el control de los actos de la Administración corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y no a la Sala de lo Penal, que él preside.

'Competencia compartida'

El ministerio sostiene, además, que la aplicación de la gracia de indulto no es una 'competencia compartida' con el Gobierno, como mantiene el Tribunal Supremo, sino que es una 'competencia exclusiva' del Ejecutivo, y sometida, según Justicia, al control de tribunales predeterminados por la ley a través de procedimientos legalmente establecidos.

El ministerio también expone que el tribunal sentenciador, salvo casos específicamente establecidos por la Ley de Indulto, no puede modificar los términos o condiciones de los indultos. Asimismo, señala que el Tribunal Supremo hizo una interpretación 'excesiva' del artículo 106 de la Constitución, según el cual, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa.

El alto tribunal podría reunirse hoy para comenzar a abordar la contestación al requerimiento de inhibición, ya que no parece probable que la Sala declare la nulidad del auto del pasado 18 de enero en el que se negó a reintegrar a Liaño a la carrera judicial, como le pide el ministerio. Recibido el oficio de inhibición, el Supremo tiene que dar vista a los interesados en el plazo de 10 días y en otros cinco, pronunciarse sobre si mantiene su jurisdicción o acepta el requerimiento.

Mientras la jefe de gabinete de Ángel Acebes se entrevistaba con el presidente de la Sala Penal del Supremo, en el edificio de enfrente, sede del Consejo del Poder Judicial, los vocales designados por el PP, apoyados por los afines a CiU y CC, derrotaban por 10 votos a 9 la propuesta de plantear un conflicto de competencias contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

El vocal del PNV Emilio Olabarria, que había firmado el escrito de presentación de la propuesta junto con los vocales afines al PSOE e IU, se abstuvo en la votación, lo que dio la mayoría a los contrarios a la propuesta. Olabarria explicó a Europa Press que él 'nunca' apoyó el conflicto, sino sólo 'que se debatiera en pleno'. También negó haber recibido cualquier 'instrucción' del PNV, partido que siempre ha apoyado a Liaño.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, dijo que la decisión del CGPJ era 'lógica'. El secretario de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, criticó la 'decisiva' participación del presidente del CGPJ, Javier Delgado, ya que 'existían razones más que suficientes para aconsejar su abstención'.

El CGPJ también acordó el nombramiento del juez conservador José Ramón Soriano para sustituir en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al magistrado jubilado Gregorio García Ancos.