El Consell refuerza el peso político y empresarial en la gestión universitaria

La Generalitat destapó ayer una de las cartas de la baraja universitaria que ha generado tantas expectativas como recelos. El consejero de Educación, Manuel Tarancón, entregó a los rectores de las cinco universidades públicas el anteproyecto de ley de los consejos sociales. Una reforma que amplía significativamente las competencias del consejo, situándolo casi al mismo nivel de decisión de los equipos rectorales, y abre la gestión universitaria a ayuntamientos, cámaras y colegios profesionales.

La primera reunión que celebra el consejo asesor (órgano preparatorio del consejo inteuversitario), desde que se aprobó hace ya más de un año por la anterior responsable de Universidades, tuvo el calado proporcional al tiempo de espera. Los rectores y los presidentes sociales, que acudieron con sus respectivas peticiones de nuevas titulaciones para el curso que viene, se encontraron sobre la mesa el anteproyecto de ley de reforma de consejos sociales, que en la práctica amplía notablemente las competencias de los agentes sociales y económicos en la gestión universitaria, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los rectores y sus respectivos presidentes de consejos tienen un mes por delante para consensuar los cambios introducidos y, una vez estén de acuerdo, presentar cambios o enmiendas.

De entrada, los rectores ya han manifestado, primero su sorpresa por encontrarse con un proyecto ya redactado, y, en segundo lugar, porque advierten que las cámaras, patronales, representantes políticos y municipales adquieren un nivel de competencias que, como ya han advertido varios rectores españoles en el seno de la CRUE, puede ser usado según el color político del partido que gobierne.

La amplitud de las competencias que tendrá el nuevo órgano social, en caso de aprobarse el texto oficial propuesto, lleva por ejemplo a ceder al consejo la facultad de 'autorizar la adquisición de bienes de equipo afectos a la investigación mediante procedimiento negociado sin publicidad previsto'. También tendrá la potestad de 'autorizar la creación o participación de la Universidad en sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y entidades con personalidad jurídica propia'. El consejo social tendrá 22 miembros, de los cuales ocho serán nombrados por patronales, empresa, cámaras y colegios y 11 directamente por los poderes políticos, incluidos los tres representantes de las Cortes (elegidos sólo por mayoría simple), dos de Generalitat, uno nombrado por el consejero del ramo y otro por la Diputación. Los representantes sindicales, pues, quedan reducidos a dos en un marco legal que pretende dar máximo poder al consejo en áreas como la aprobación de la plantilla del PAS, los convenios colectivos y el complemento específico del profesorado.

El tema de las titulaciones quedó ayer, de momento, en suspenso. Las universidades piden más de lo que la Administración está dispuesta a dar. La competencia de títulos, por ejemplo el proyecto de la Politécnica de Valencia de potenciar los estudios de Gestión de Empresas (para el que ya han previsto la sede del legendendario edificio de San Juan Bautista) generó tensión entre los distintos rectores; así como la disputa por implantar Comunicación Audiovisual, que ya tiene Valencia, y querían Castellón y la Politécnica.