El PSOE exige la destitución de Arias Cañete por vulnerar la Ley de Incompatibilidades

El PSOE citó ayer el artículo 2, apartado 1 de la Ley de Incompatibilidades para recordar que los altos cargos comprendidos en su ámbito de aplicación 'ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena'. En el apartado 2 de ese artículo se señala, además, que ni los cargos ni sus familiares podrán tener más de un 10% de participaciones en empresas que tengan conciertos o contratos con las administraciones. En el artículo 4, la Ley precisa como compatibilidad con actividades privadas de los altos cargos 'la mera administración del patrimonio personal o familiar'. El PSOE cree que esa posibilidad nada tiene que ver con el trabajo de Arias como apoderado y administrador en las sociedades agrícolas jerezanas Capa y Domecq Rivero.

El PSOE recuerda, en ese sentido, que el propio ministro consideró procedente inhibirse como titular de su departamento en la elevación al Consejo de Ministros del Real Decreto sobre prototipo racial de la raza bovina de lidia, por considerarse incurso en una de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 2.3 de la citada ley 12/1995, como publicó el BOE el pasado 26 de enero.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, exigió al Gobierno que abra una investigación sobre los negocios particulares de Arias Cañete. El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, reclamó la dimisión del ministro. Arias Cañete pidió telefónicamente el lunes a la Inspección de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas que estudiase su declaración de actividades (pública) y la de bienes e intereses (más restringida), para aclarar si existe algún tipo de incompatibilidad con las sociedades en las que participa y que en su día declaró.

PSOE e IU consideran que ya hay motivos para que el Gobierno abra la investigación. Los socialistas apuntan incluso las posibles infracciones (ocultación de datos) y sus correspondientes sanciones (de uno a 10 años de inhabilitación).