Política y eléctricas

Al final, los intereses empresariales se impusieron a los imperativos políticos. La ruptura de la fusión entre Endesa e Iberdrola, decidida ayer por los consejos de administración de ambas compañías eléctricas, se debe, según explicaron ambos presidentes, a que las condiciones impuestas por el Gobierno para autorizar la fusión son más duras de lo que podían soportar las empresas como criterio de rentabilidad aceptable para sus accionistas. Ésta es una de las pocas lecturas favorables que pueden hacerse de esta fusión abortada: tanto Endesa como Iberdrola han pensado al final en los intereses de sus accionistas (que desde el anuncio de la operación les habían castigado sistemáticamente en Bolsa) antes que en la conveniencia de sus directivos o de los beneficios en abstracto de una concentración empresarial.

Martín Villa y Oriol explicaron ayer públicamente por qué tenían que renunciar al proyecto. La razón principal es que las condiciones de competencia marcadas por el Consejo de Ministros del pasado viernes 'modifican la ecuación de canje de la operación' en detrimento de los accionistas. La explicación es plausible, pero éste no es el único flanco posible de análisis. Hay que preguntarse, por ejemplo, cómo es posible que los responsables de Endesa e Iberdrola no tuvieran en cuenta desde el comienzo de la operación que el Gobierno estaba obligado a imponer limitaciones severas en nombre de la competencia. Si la fusión estaba diseñada con márgenes tan estrechos de viabilidad, en términos políticos y meramente empresariales se merecía el fracaso que finalmente ha cosechado.

Pero el peor sabor de boca de este episodio lo deja la extraña confusión de la política de competencia seguida por el Gobierno. Es probable que ahora se esgriman argumentos maquiavélicos para explicar cómo se utilizó el argumento de competencia para frustrar la fusión. Pero quedan en pie dos hechos contra los que cabe escasa argumentación: que el Gobierno autorizó una operación que el Tribunal de Defensa de la Competencia había rechazado en primera instancia y que suavizó las condiciones que el TDC consideraba exigibles para dar luz verde a la fusión. Pocos podrán decir hoy con precisión cuál es el criterio del Ejecutivo de Aznar en lo que a competencia se refiere. La confusión de sus principios y decisiones ha sido tan evidente que no es de extrañar que Endesa e Iberdrola aludan a la inseguridad jurídica como otra de las grandes causas del fracaso de la concentración.

Un fracaso de esta envergadura debe pasar facturas, políticas y empresariales. Porque hay evidencias suficientes para asegurar que el presidente del Gobierno patrocinaba la fusión que ha resultado frustrada. Endesa e Iberdrola también tendrán que pagar parte de los costes. Sobre todo Iberdrola, que queda ahora como el eslabón débil de la cadena, presa fácil para una OPA bien estudiada. La situación de su presidente, Íñigo Oriol, no es precisamente cómoda.