Cinco menores aceptan llevar parches detectores de consumo de drogas
Los parches, que pueden colocarse en las zonas menos visibles del cuerpo, determinan, a través del análisis del sudor, si la persona que los lleva ha consumido alguna droga. Cada uno de ellos dura unos quince días, al cabo de los cuales debe someterse a análisis. Los cinco chavales -de entre 14 y 17 años de edad- pioneros en el uso de estos apósitos esperan que este método les ayude a contenerse en el consumo de estupefacientes. En tres meses, la Agencia Antidroga de la Comunidad evaluará si el uso de los adhesivos es eficaz.
La agencia inició en noviembre este programa piloto de dispensación gratuita de parches para adolescentes. Desde entonces ha recibido medio centenar de llamadas, solicitando información sobre el proyecto, en el teléfono 901 350 350, habilitado para ese fin. Tras este primer contacto, 15 padres e hijos fueron citados para una entrevista con los técnicos del centro de atención a drogodependientes (CAD) de Tetuán .
El gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera, explica el protocolo que debe seguirse: 'Si el trabajador social que atiende el teléfono ve que la solicitud tiene visos de seriedad, se cita a los padres a una entrevista con un psicólogo, un trabajador social y un médico, los cuales evalúan su petición. Después, ese mismo equipo habla con el hijo y concluye si para su problema lo más eficaz son los parches o si, por el contrario, es mejor otro tipo de medida. Como es imprescindible la voluntariedad del chaval, el último paso es una reunión conjunta con los padres y el hijo para ver si éste acepta llevar el apósito. Si acepta, se lo dan, y, si se niega, se intenta que al menos participe en otros programas preventivos', añade el gerente.
Cabrera descarta hablar del éxito o fracaso de este programa, que, cuando fue divulgado en septiembre, despertó las criticas de las asociaciones de padres de alumnos y de las ONG de atención a toxicómanos. 'Las 14 entrevistas suponen que todos esos menores han sido captados en la red de prevención y atención de drogodependencias', concluye. Sólo en un caso -la que habría sido la decimoquinta entrevista- el chaval se negó a reunirse con los técnicos.
Cabrera justificó la creación de este programa por las 3.000 consultas que su departamento recibe cada año de padres preocupados por la posible drogadicción de sus hijos. Pero en las primeras explicaciones sobre el proyecto no se dijo que los parches se dispensan sólo si el muchacho acepta ponérselos y tras una entrevista de los técnicos de la agencia con el interesado y sus padres.
No al uso indiscriminado
Los parches fueron tachados entonces de 'policiales' por la oposición, el Consejo de la Juventud, la Unión Nacional de Asociaciones de Atención a Drogodependientes (UNAD), la asociación Apoyo, la Fundación para la Atención de las Toxicomanías de Cruz Roja (CREFAT) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA). Todos defendían el diálogo familiar como la mejor prevención de las toxicomanías en los menores, y se negaban al 'uso indiscriminado de los parches'. Ahora reconocen que la agencia ha limado los aspectos más rechazados de su proyecto, pero critican que los cambios se hayan introducido 'sin rigor, según lo que decían los periódicos'.
El propio presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, terció en la polémica recalcando que es necesario el consentimiento del hijo para utilizar con él estos detectores. De la misma opinión era el defensor del menor, Javier Urra. Sin embargo, juristas consultados por este diario no hallaron objeciones legales al uso de los parches sólo con el permiso de los padres, a quienes ampara el Código Civil. Afirman que la patria potestad les respalda para tomar estas medidas en caso de tener sospechas fundadas de que sus hijos abusan de las drogas.
Cada uno de estos apósitos le cuesta a la agencia unas 5.000 pesetas, precio que incluye el parche y su posterior análisis. El año pasado este organismo experimentó el uso de adhesivos con 36 toxicómanos adultos en tratamiento que los utilizaron en sustitución de los análisis de orina. También han sido empleados con presos que, a cambio de aceptar el uso de los parches como método para controlar su consumo de drogas, consiguen que el juez les dé permisos de salida.
La Agencia Antidroga tiene previsto adquirir este año unos 3.000 parches, pero sólo algunos se dedicarán al programa de menores; el resto se destinará a reclusos toxicómanos y a los centros de atención de drogodependientes, donde estos apósitos se pueden usar como alternativa a los 300.000 análisis de orina que Antidroga realiza cada año.
