La Comunidad mantendrá el programa de 'parches antidroga' a pesar de que sólo cinco menores lo siguen

La Agencia Antidroga de la Comunidad mantendrá el programa de parches detectores del consumo de estupefacientes, que puso en marcha hace ocho meses, porque su 'calidad' garantiza su éxito, según aseguró ayer el gerente del organismo, José Cabrera, en la Asamblea. Estos parches -que, colocados sobre la piel, detectan si su portador ha consumido drogas- han sido usados en ese tiempo por cinco menores, 10 reclusos que disfrutaban de permisos y 22 drogodependientes en tratamiento. Cabrera defendió la viabilidad del programa y reconoció que, de las 125 familias que acudieron en su momento al centro de atención integral de drogodependientes (CAID) de Tetuán para que los hijos se apuntasen al programa, sólo fueron aceptadas 25. De ellas, 10 fueron rechazadas por no haber acuerdo entre padres e hijos y otras 10 abandonaron voluntariamente. Sólo cinco menores continúan con el apósito.

En los tratamientos a drogodependientes presos -1.300, de los 7.000 reclusos de la región-, 10 lo usan en sus salidas temporales de prisión; además, 22 toxicómanos lo llevan como sustitución de los análisis periódicos de orina.

El diputado socialista Eduardo Sánchez Gatell y la parlamentaria de IU Caridad García Álvarez vinieron a decirle a Cabrera que no eran datos como para tirar cohetes. 'No sabemos para qué ha servido este programa', confesó García Álvarez. 'Ni su coste ni si en algunos de esos jóvenes se ha detectado consumo de alguna droga'. El diputado socialista añadió: 'Después de la que se organizó, de la alarma creada en los medios y en las familias, resulta que todo se reduce a cinco menores'. El gerente, sin embargo, se mostró confiado en el éxito del programa de parches para jóvenes y subrayó que su coste es mínimo: 2.500 pesetas por apósito (12.500 entre los cinco menores). Aunque, teniendo en cuenta que hay que cambiar el parche cada 15 días y que el programa lleva ya ocho meses, la cantidad total asciende a 200.000 pesetas.

Cabrera argumentó que, si se consiguiera con este sistema sustituir los análisis de orina que se efectúan para controlar el consumo de droga, se ahorrarían los 70 millones de pesetas anuales que hoy cuesta el método tradicional.