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El alcalde de Rascafría veta la creación de un área de protección en torno al parque de Peñalara

El Ayuntamiento de Rascafría (1.500 habitantes) es el único municipio español que tiene derecho de veto sobre una zona natural aprobada por un Parlamento regional. Así lo estableció en su artículo 4 la norma de 1990 en la que se dio luz verde a la creación del parque, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea. El equipo de gobierno de Rascafría (una coalición PSOE-PP) se ha agarrado precisamente a este artículo para impedir que la Consejería de Medio Ambiente pueda aprobar el plan de uso y gestión del parque (PRUG). En la última reunión de su junta rectora (órgano que agrupa a todas las instituciones y particulares afectados por la zona natural), el alcalde, el socialista Félix Sanz, hizo valer los derechos de su municipio para impedir la aprobación. Sin PRUG, el parque no puede ser gestionado en toda su extensión.

Sanz explicó ayer que su negativa a aprobar el plan de usos del parque hunde sus raíces en 'la falta de consenso con que Medio Ambiente y los ecologistas han manejado el asunto'. 'Este plan', explicó, 'debía haber sido consensuado con Rascafría, y no ser una imposición'. El municipio, en el que se encuentra el monasterio de El Paular, es una de las zonas de la sierra menos castigadas por las urbanizaciones de chalés. En los últimos años se han intentado varias operaciones especulativas de gran calado en el término municipal, que nunca han llegado a buen puerto.

Finca del marqués

Sanz se pregunta además por qué Medio Ambiente no incluye en la zona de protección la llamada finca del marqués (en los límites de Rascafría y Canencia) y 'sí, en cambio, los montes de utilidad pública del pueblo, que ya están suficientemente protegidos'. 'Creo que las explicaciones son obvias', añade.

Izquierda Unida considera, por el contrario, que la postura del regidor es 'esperpéntica'. 'Es inconcebible que un Ayuntamiento pueda bloquear el desarrollo y la gestión de una zona natural aprobada por el poder legislativo de la Comunidad. Creemos que esto es completamente inconstitucional', señala el portavoz de Medio Ambiente de Izquierda Unida, Julio Setién. Por ello, IU ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea para arrebatar a Rascafría su derecho de veto.

'Eso es una cacicada', responde el alcalde. 'Ya está bien de presiones. Los ecologistas me han llegado a amenazar con que conseguirán que se declare parque regional todo el valle del Lozoya si sigo oponiéndome al PRUG. Estoy harto de este tipo de presiones, que lo único que consiguen es unir más a todo el pueblo', advierte.

María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción en la junta rectora, explicó ayer lo ocurrido en la última reunión de la junta del parque, el pasado 15 de diciembre: 'El consejero de Medio Ambiente [Pedro Calvo] preguntó repetidamente al alcalde por las razones que le llevaban a bloquear la ley. Pero el regidor no daba ningún motivo. Repetía una y otra vez que la ley estaba de su lado y podía hacerlo'.

Negativa irregular

Lo mismo hizo en esa reunión la representante del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (Pamam), organismo público que agrupa a 42 pequeños municipios de la sierra. 'La negativa a la aprobación del PRUG por parte de la representante del Pamam fue completamente ilegal, por una razón', explica Nieto: 'La persona que decía representar al Pamam es la primer teniente de alcalde de Rascafría, lo que incumple las normas de la junta rectora, que señalan que ese Ayuntamiento sólo puede tener un representante en la junta, no dos'.

Ante el bloqueo municipal, el consejero de Medio Ambiente se vio obligado a sacar del orden del día el punto principal por el que se había reunido el consejo, y le dio al alcalde un plazo de dos meses para que presentase una zona de protección alternativa a la que defendía la Comunidad. El plazo acaba el próximo día 15. El portavoz socialista de Medio Ambiente en la Asamblea, Francisco Garrido, aseguró ayer que 'Rascafría presentará en breve la zona de protección que considera más idónea'. 'El Ayuntamiento sólo pide tiempo y consenso con Medio Ambiente. No parece demasiado', afirmó el diputado del PSOE.

Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente se recuerda que el Consistorio de Rascafría todavía 'está dentro de plazo para presentar la zona de protección'. 'En ese documento debe señalar cuáles son los límites de esa zona y los criterios que ha seguido para delimitarla'.

El Gobierno regional se encuentra, por lo tanto, a la espera de la propuesta. 'La situación es un poco absurda', dicen desde la consejería. 'No entendemos las razones que han llevado al Ayuntamiento a emprender este bloqueo radical'. Medio Ambiente ignora igualmente por qué la ley del parque de 1990 incluyó el artículo que otorga el derecho de veto a Rascafría. 'Es algo incomprensible, en ninguna norma de espacios protegidos de España existe algo parecido', señalan.

Los ecologistas, al igual que IU, reclaman que se arrebate a Rascafría la facultad para bloquear el desarrollo del parque. 'No ocurre nada similar en ningún parque de este país', destacan. El alcalde responde: 'La ley es la ley, y la Asamblea aprobó el parque con ese articulado. Intentar cambiarlo es llevarnos al enfrentamiento'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de febrero de 2001

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