De la Rosa se enfrenta a 13 años de cárcel en el juicio por el 'caso Tibidabo'

El titular del Juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha decretado apertura de juicio oral por el caso Grand Tibidabo contra los presuntos responsables de la descapitalización de la compañía, perteneciente a 9.000 accionistas, por más de 11.000 millones de pesetas. Entre ellos destaca Javier de la Rosa, para quien el fiscal pide 13 años de cárcel y 550 millones de multa. Con ello se cierra la larga instrucción del caso, que llevó a la cárcel por primera vez a De la Rosa en octubre de 1994.

El auto asume las tesis del fiscal, que imputa penalmente a ocho personas, y acepta también la petición de una de las acusaciones particulares de incluir a la esposa de De la Rosa, Mercedes Misol, como autora de un delito de estafa o apropiación indebida cuando ejercía como ejecutiva de la sociedad Mexans, que dio lugar a la clínica New Teknon.

El caso estuvo paralizado durante varios meses el pasado año ya que la Audiencia de Barcelona, por un defecto de forma, anuló la primera decisión del juez de finalizar la causa y retrotrajo todas las actuaciones al momento procesal anterior, con lo que quedaron anulados todos los escritos de acusación y el auto de conclusión de las diligencias.

En el escrito de acusación definitivo asumido por el juez en el auto de apertura de juicio oral, el fiscal también acusa al ex presidente de Grand Tibidabo Joan Cruells, para quien pide 10 años de prisión; al fundador del Consorcio Nacional del Leasing (CNL), Florencio Cerdá (siete años de cárcel); al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal (cuatro años); a Arturo Piñana, colaborador de De la Rosa (seis años); a la abogada Carolina Malagelada (cuatro años); al empresario Ramon Fiter Autet, presidente de Urbas (cuatro años), y al directivo de Grand Península Miguel Soler (cuatro años).

El fiscal persigue tres delitos de apropiación indebida, uno de ellos continuado, y un cuarto delito contra la hacienda pública. El ministerio fiscal imputa a Javier de la Rosa dos delitos de apropiación indebida y el de fraude fiscal. Además de los 13 años de prisión y la multa de 550 millones de pesetas citados, pide la pérdida de los derechos para obtener beneficios fiscales durante seis años. Para estos acusados también reclama el pago de multas que suman un total de 1.913 millones.

Prenafeta y Bueno

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El juez instructor Joaquín Aguirre también ha abierto juicio oral como responsables civiles subsidiarios a 16 empresas y 2 particulares: el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, una de cuyas sociedades (Kujal) recibió créditos de Grand Tibidabo, y el ex dirigente de Alianza Popular y empresario inmobiliario Eduardo Bueno.

Entre todos deberán asumir como responsables civiles la indemnización de 11.666 millones de pesetas que se solicita por la descapitalización de Grand Tibidabo si los acusados no pueden afrontarla.

A Eduardo Bueno Ferrer se le hace responsable civil subsidiario por la cantidad de 2.600 millones por una operación presuntamente fraudulenta entre Grand Tibidabo, Fitinvest, del empresario Ramon Fiter Autet, y la inmobiliaria Urbas, que fueron financiados por De la Rosa a través de la caja de Grand Tibidabo.

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