Ocho de las 12 'vacas locas' detectadas en España comieron piensos prohibidos

Las vacas enfermas localizadas en las explotaciones gallegas de Carballedo, Coristanco, Ordes y Rodeiro; en las castellano-leonesas de Algadefe, Crémenes, Martiherrero y Argujillo, y en una de las dos detectadas en Navarra han sido alimentadas con piensos de origen animal, prohibidos en España para el sector bovino en noviembre de 1994. Dos son los fundamentos de tal afirmación: que todos estos terneros han nacido después del decreto de prohibición y que sus ascendientes, en los casos en que ha podido ser comprobado, no están infectados con priones, las proteínas causantes del mal de las vacas locas. Las citadas fuentes así lo atestiguan, al tiempo que comentan la importancia del conocimiento de la fecha exacta del animal y las dificultades que en algunos casos han encontrado para determinarla, dada la reticencia de sus dueños. Este dato resulta determinante para averiguar la responsabilidad de los ganaderos en esta crisis.

En noviembre de 1994, seis años después que el Reino Unido y cuatro por detrás de Francia, el Gobierno español prohibió el uso de piensos de origen animal para la alimentación de los rumiantes, aunque sí mantuvo el permiso para alimentar a los cerdos, aves, conejos y pescados de piscifactoría, dado que las investigaciones científicas han determinado que, hasta el momento, la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina únicamente la desarrollan los humanos, ovejas y cabras -que parece ser que no la transmiten-, las vacas, gatos y visones.

Alto riesgo

A partir de ese momento -noviembre de 1996- los fabricantes han seguido abasteciendo al mercado de piensos de origen cárnico, puesto que éstos podían ser destinados a los animales que no suponen un peligro para los consumidores. Pero esta circunstancia, según las fuentes consultadas, situó al mercado español en alto riesgo: la mayoría de las explotaciones ganaderas son mixtas -vacas junto a otros animales destinados al consumo- y la Administración duda si los ganaderos han separado el pienso correctamente. Es lo que en el sector se denomina 'riesgo de contaminación cruzada'.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que agrupa a los empresarios del sector que rigen explotaciones familiares - del tipo donde han sido localizadas en España las vacas infec-tadas- resta importancia a la contaminación cruzada 'aunque ha podido existir', según su presidente, Fernando Moraleda. Éste apunta a otros posibles culpables de la crisis: las fábricas de piensos y la falta de control de la Administración central y autónoma.

Moraleda destaca que en el norte, donde se concentran las granjas, 'la mayoría no son de tipo mixto. No descartamos esta vía, pero no es la probable'.

Donde sí habla el presidente de UPA de 'muy alta probabilidad' es en la contaminación a través de los llamados piensos de arranque, los que se les dan a los terneros recién nacidos que son destetados mucho antes de concluir el ciclo natural. Los ganaderos obtienen más ventajas económicas separando a los recién nacidos de la madre y alimentándolos con pienso maternizado porque de este modo venden la totalidad de la leche para el consumo humano.

Fernando Moraleda señala: 'Todos los piensos de inicio son importados. Y en el etiquetado no se especifica si el porcentaje de proteínas son de origen animal o vegetal. Nosotros no podemos adivinarlo, luego no somos responsables de que hayan sido fabricados con harinas cárnicas'. El presidente de UPA niega tajantemente que exista ninguna indicación en este sentido, ni que hayan sido advertidos al respecto por los veterinarios de las explotaciones. 'Ha fallado la Administración', concluye, y se pregunta. '¿Por qué Sanidad ha autorizado las leches maternizadas después de la prohibición? ¿Por qué los veterinarios públicos no nos advirtieron? ¿Por qué el Gobierno español no ordena a la Guardia Civil investigar las grandes explotaciones y fábricas de piensos?

La Administración, en su página web, detalla exhaustivos controles, en vigor desde 1979. En sólo 15 días la Guardia Civil ha detectado irregularidades en dos de cada tres inspecciones efectuadas.