Un juzgado de Sevilla investiga a Prado por un presunto delito fiscal

Un juzgado de Sevilla investiga un presunto delito fiscal del empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal por no haber declarado a Hacienda 1.900 millones de pesetas que recibió del grupo Torras-KIO en 1992, cuando era consejero de la Expo 92 y tenía su residencia en la capital hispalense. Las diligencias, según fuentes judiciales, se han abierto a instancias de la Audiencia Nacional, que investiga el presunto pago de esa cantidad por parte de Javier de la Rosa a Prado.

El asunto consta de 5.000 folios y ha correspondido al juzgado de instrucción 9 de Sevilla, que ha solicitado a la Inspección de Hacienda que determine dónde tenía Prado en 1992 su residencia a efectos fiscales, ya que el empresario sostiene que la tenía en Suiza y que debía tributar allí. Aunque la deducción de testimonio llegó al juzgado sevillano en diciembre pasado, el juez tuvo que pedir que se repitieran algunos folios que no se leían bien y luego remitió el asunto a la Agencia Tributaria para que determine la cuota del IRPF presuntamente defraudada y el domicilio fiscal del empresario. En 1992, Prado era miembro del consejo de administración de la Expo 92 en representación del Ayuntamiento de Sevilla y después de la clausura de la Expo fue presidente de Partecsa, concesionaria de la gestión del parque temático que sustituyó a la Expo.

Con independencia de este presunto delito fiscal, la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios dictó el pasado día 26 auto de apertura de juicio oral contra De la Rosa y Prado por el caso Wardbase, en el que están acusados de un presunto delito de apropiación indebida. El fiscal Anticorrupción pide 4 años y 2 meses de prisión para Prado y Colón de Carvajal por apropiación indebida y le exige que devuelva a Torras 1.900 millones. Mientras De la Rosa mantiene que KIO ordenó los pagos, Prado declaró en junio de 2000 ante la juez que el dinero que recibió se debe a negocios particulares entre ambos.