La privatización destapó las malversaciones

Elf-Aquitaine, la empresa que vicedirigía Alfred Sirven, fue durante mucho tiempo un grupo público, el más rico y poderoso de Francia; la punta de lanza de la industria francesa del petróleo y uno de los brazos diplomáticos del país. La empresa fue privatizada por el Gobierno de centroderecha que llegó al poder tras la derrota socialista en las legislativas de 1993, y esto fue lo que destapó las malversaciones de fondos que se habían producido durante el segundo mandato del mitterrandismo. Elf-Aquitaine forma parte ahora del Grupo TotalFinaElf.

En 1989, cuando Loïk Le Floch-Prigent fue nombrado presidente de Elf-Aquitaine, la cifra de negocios de la empresa equivalía ya al presupuesto francés de Defensa. El nuevo presidente llamó a Sirven a su lado y éste se convirtió en el número dos, pese a disponer en ella de un título tan ambiguo como el de 'director de asuntos generales', más tarde presidente de la filial suiza Elf-Aquitaine International. La empresa, de la que se dice que pintaba en África más que el Gobierno de París, se lanzó a invertir 130.000 millones de francos (3,3 billones de pesetas) durante los cuatro años de poder del tándem Le Flock-Sirven, duplicó su producción de petróleo y de gas, potenció el sector químico y abordó operaciones colosales de crecimiento con adquisiciones fulminantes en Oriente Próximo, en Alemania (la refinería Leuna) y en España (la compañía Ertoil).

Tras el desalojo del Gobierno socialista en 1993, el equipo de centroderecha que le sucedió, encabezado por Edouard Balladur, decidió privatizar aquella empresa floreciente. Un nuevo presidente, Philippe Jaffré, tomó el mando en Elf-Aquitaine. La Comisión de Operaciones de Bolsa descubrió datos extraños en la documentación manejada y el nuevo presidente de la empresa, Philippe Jaffré, efectuó las primeras denuncias. Llegó a decir públicamente que en la Elf-Aquitaine de su antecesor había existido 'una gigantesca caja negra utilizada con fines personales'.

En 1999, Total lanzó una OPA sobre Elf-Aquitaine, cuyo éxito implicó la salida del grupo del presidente-denunciante. A finales de 1999, cuando Jaffré tuvo que marcharse, no lo hizo con las manos vacías. Obtuvo una indemnización de 40 millones de francos y opciones sobre acciones y una prima especial, que representaban plusvalías potenciales de otros 160 millones de francos: en total, unos 5.000 millones de pesetas.