Mil familiares de disminuidos psíquicos protestan contra los nuevos precios de los centros de atención

Entre los manifestantes había numerosos discapacitados que acudieron con padres y educadores. Durante dos horas permanecieron delante de la puerta de la Real Casa de Correos, cerrada y custodiada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, coreando consignas como 'Gallardón, dimisión' o 'manos arriba, esto es un atraco'. En sus pancartas se leía: 'No a la penalización de las familias, retirada del acuerdo de gobierno'.

Los manifestantes reclaman al Gobierno regional que retire su proyecto y emprenda un nuevo proceso negociador con la FEAPS y otras asociaciones de discapacitados psíquicos, que son los principales afectados por los nuevos precios, ya que necesitan más las residencias y los centros ocupacionales que los minusválidos físicos o sensoriales.

Pero portavoces de la Consejería de Servicios Sociales aseguran que el proyecto está cerrado desde el pasado 24 de enero, cuando la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, firmó la orden que desarrolla el modelo de tarifas. Desde hoy, y hasta finales de la próxima semana, Servicios Sociales habilitará un teléfono gratuito (900 710 028) que de lunes a viernes, de nueve de la mañana a ocho de la tarde, resolverá las dudas que puedan existir sobre este nuevo sistema de pago.

Pilar García Doñoro, miembro de la junta directiva de la FEAPS, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto regional, explica que su objetivo es lograr que estos servicios básicos de atención a los disminuidos sean gratuitos. 'Ésa es nuestra meta, pero, si por ahora no se puede aplicar, reclamamos que al menos se cobre un porcentaje de la pensión del discapacitado sin tocar la renta de sus familias', explica.

'La Comunidad dice que quiere que pague más quien más tiene, pero para eso ya está Hacienda. Los discapacitados han sufrido un olvido histórico y los centros ocupacionales y las residencias son básicos para su integración; por eso creemos que debería garantizarse su gratuidad, como se hace con la sanidad y la educación de niños y de adultos', concluye García Doñoro.

El proyecto de la Comunidad cuenta, sin embargo, con el apoyo de la Federación de Minusválidos Físicos (FAMMA), la Federación de Paralíticos Cerebrales (Aspace), la Federación de Sordos de Madrid y seis de las 89 entidades de la FEAPS.

La oposición parlamentaria ha pedido al Ejecutivo regional que renegocie con los disminuidos psíquicos el nuevo sistema de precios. El grupo PSOE-Progresistas, cuya presidenta, Cristina Almeida, acudió ayer a la concentración en la Puerta del Sol, reclama la gratuidad de las residencias y centros de día, a excepción del servicio de transporte y comedor.

La Comunidad quiere que los discapacitados paguen desde febrero el 75% de su renta per cápita familiar (los ingresos netos anuales de sus miembros divididos entre 12 meses y entre los componentes del hogar) por vivir en residencias y el 37,5% por ir a centros ocupacionales y de día.

Menores de 26 años

Entre los miembros del hogar se incluyen los hermanos menores de 26 años con ingresos inferiores al salario mínimo (72.000 pesetas al mes). Estarán exentos de pago los beneficiarios de pensiones con una renta inferior a las 42.000 pesetas y aquellos que, sin percibir pensiones, tengan rentas de menos de 50.001 pesetas.

Cuando el discapacitado tenga un grado de minusvalía superior al 65% contará como dos personas al evaluar el número de miembros del hogar. Asimismo, al contabilizar los ingresos, se podrán deducir las cotizaciones a la Seguridad Social, los gastos deducibles del capital mobiliario e inmobiliario, el pago de residencias de mayores, los gastos ortoprotésicos y las obras de supresión de barreras arquitectónicas.

El sistema de precios existente hasta ahora para los 8.500 discapacitados psíquicos que acudían a residencias y centros ocupacionales era muy heterogéneo. En los centros públicos de la Comunidad (muchos de cuyos usuarios acudieron a la protesta de ayer) no se pagaba nada; en los del Imserso se abonaba una parte de la pensión del minusválido, y en los privados regentados por las asociaciones de padres, las tarifas dependían de la cuantía de la subvención pública recibida y del nivel adquisitivo de las familias.