Cambiar de actitud para prevenir la violencia

Desde finales del año pasado vienen publicándose en los medios de comunicación informaciones referidas al juicio sobre pederastia conocido como el caso Raval.

Me ha llamado la atención que en algunos artículos se cuestionen las declaraciones de las supuestas víctimas de las agresiones sexuales como testimonios que resulten suficientes para enviar a prisión a los acusados.

Las declaraciones de las víctimas de agresiones sexuales, mayores y menores de edad, tienen un valor insustituible en este tipo de juicio, dado que el delito se produce por lo común en la clandestinidad y estos testimonios constituyen las únicas pruebas de cargo directas de las que se puede disponer.

No obstante, en muchos casos se hace necesario un dictamen pericial de un psicólogo infantil para discernir el grado de complejidad del suceso y la capacidad de inventiva del menor que declara, con especial atención a factores como el número y la calidad de los detalles que expone; la convicción e intensidad con la que relata los hechos; las posibles secuelas sufridas por haber guardado silencio sobre lo sucedido; el sentimiento equívoco de culpabilidad que le atenaza por una supuesta connivencia, causa probable de vergüenza, baja autoestima, depresión o desconfianza, y la necesidad de someterse a una psicoterapia, entre otros condicionantes que ha detallado en un estudio el jurista asturiano Lorca Martínez. Por supuesto, el informe psicológico del menor puede detectar también la inverosimilitud de su testimonio.

Los juicios por agresiones sexuales colocan a los menores en una tensa situación en la que deben prevalecer sus intereses

Tanto la Convención de los Derechos del Niño, proclamada por la ONU en 1989, como la Resolución del Parlamento Europeo de 1992 sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño, protegen al menor contra las agresiones sexuales y cualquier otro tipo de explotación o maltrato, así como reconoce el derecho a la integridad física y moral de su persona. Todo ello está recogido en el ordenamiento jurídico español en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, donde uno de los principios de actuación es 'el interés superior del menor'. Así pues, hay que extremar la prudencia sobre lo que se hace, se dice o se escribe a propósito de los menores (y mayores) víctimas de una agresión sexual. De lo contrario, podemos convertirnos en nuevos maltratadores, en agentes de lo que se conoce como segunda victimización, al provocar que la víctima reviva innecesariamente los hechos y que la publicidad dada a los mismos derive en un cuestionamiento de su declaración, ya de por sí sometida a presión por la parafernalia judicial.

La supremacía del interés del menor implica que, ante la contraposición de intereses, siempre ha de primar el del niño. Es necesario, pues, preservarle de los efectos perniciosos derivados de la publicidad dada a las actuaciones judiciales, así como es obligatorio proteger en todo momento su intimidad, honor e imagen. El ministerio fiscal está facultado para velar por todo ello.

En un porcentaje muy elevado, las personas que abusan sexualmente de un menor han sido víctimas a su vez de abusos en la infancia. Desde el reconocimiento de que todos ellos son actos de violencia, se impone en la sociedad un cambio de actitud que debe empezar por la familia desarrollando en ese ámbito el diálogo, el respeto a las opiniones de todos y la participación;marcando límites claros y congruentes, y eliminando la violencia y la misoginia, así como cualquier forma autoritaria de resolver los conflictos. Los niños educados en este tipo de familias podrán desarrollar modelos de convivencia que beneficiarán al conjunto de la sociedad. Si paralelamente nos esforzamos en erradicar la violencia del entorno cotidiano -la escuela, el barrio, el deporte, los medios de comunicación- y potenciamos la relación y el respeto de la diferencia entre seres humanos (nacionalidad, filiación, orientación sexual, etnia, color, sexo, lengua, origen social, religión, creencias, estado de salud, etcétera), estaremos realizando una valiosa aportación a nuestra sociedad del presente y del futuro.

Recordemos que ese futuro de nuestra sociedad depende del cuidado, atención y trato que dispensemos a nuestros menores.

Javier Barés Marticorena es director de la Oficina del Menor de Baleares.