CC OO estima que pagar los atrasos a funcionarios costará 30.000 millones

La sentencia de la Audiencia Nacional, que anula la congelación salarial que impuso en 1997 el Gobierno del PP -pasando por alto el acuerdo que firmó el Ejecutivo socialista con los sindicatos y que establecía una subida salarial del 2,6% para ese año- obliga a reembolsar unos 30.000 millones de pesetas a 92.365 funcionarios del País Vasco, según CC OO. Este sindicato defiende que la decisión judicial debe aplicarse 'a todos los trabajadores, transferidos o no, a la Comunidad Autónoma Vasca', señaló Jon Azkue, responsable de la federación de servicios de este sindicato.

Así, en la citada cifra se incluyen los 8.394 funcionarios que trabajan en Euskadi para la Administración General del Estado, los 1.700 de la Administración de Justicia, los 2.500 funcionarios de Correos, así como los 49.460 trabajadores de la Administración general vasca, los 20.314 de las Diputaciones forales y ayuntamientos, 2.897 funcionarios de la universidad y 7.100 ertzainas.

Pagar los atrasos a los empleados públicos que vieron congelados sus salarios en 1997 por decisión del Gobierno central supondrá un coste de unos 30.000 millones de pesetas, según las estimaciones de este sindicato, que concretó que los funcionarios con un salario bruto anual de 3 millones de pesetas se enmbolsarán en concepto de atrasos 321.966 pesetas, una cantidad que aumenta hasta el millón de pesetas 'en el caso de Aznar, porque está en lo más alto de la escala salarial', precisó Azkue.

CC OO no señaló cuántos de estos 30.000 millones tendrán que pagar la Administración estatal y cuántos, las instituciones vascas. De hecho, la sentencia no afecta por igual a todos los trabajadores, porque los funcionarios de las diputaciones y ayuntamientos tuvieron una subida salarial del 1% en 1997, por lo que sólo recibirán la diferencia entre este porcentaje y el 2,6% de subida restituida por la sentencia.

'Que la apliquen aquí'

La central rebatió una vez más al Gobierno de Aznar y señaló que la sentencia no discute la capacidad legislativa del Estado, sino que garantiza la negociación colectiva como derecho. 'No es de recibo que se nos presente esta sentencia como causante de la quiebra del Estado', criticó Azkue, quien lanzó mensajes a todos los frentes.

El responsable sindical pidió a PP y PNV que apliquen la sentencia. 'Agradecemos que el PNV diga al Gobierno central que debe pagar los atrasos, pero lo mismo se les puede decir a ellos aquí', destacó Azkue, quien también valoró la la petición de Rodríguez Zaparter al Ejecutivo de Aznar para que pague, pero pidió 'un respeto' a los responsables sindicales, que son los litigantes.

Aunque el Gobierno vasco no se considera afectado por el fallo judicial, el diputado vizcaíno, Josu Bergara, señaló ayer que analizará con detalle la sentencia y añadió que, si se ven obligados a pagar, no se opondrán a una revisión salarial.

CC OO y el resto de los sindicatos vascos han solicitado a la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia una reunión de la Mesa general de la Función Pública para analizar la decisión judicial. CC OO pidió a los funcionarios calma y que no reclamen todavía los atrasos. 'En estos momentos es totalmente desaconsejable hacer reclamaciones individuales', señaló el responsable sindical de servicios públicos, quien recordó que a partir del próximo martes Comisiones comenzará a centralizar todas las reclamaciones de los trabajadores beneficiados por la sentencia.

Pese a su llamamiento, el Gobierno popular ya ha anunciado que interpondrá un recurso de casación contra la sentencia en el Tribunal Supremo, lo que podría retrasar otros dos años la decisión definitiva sobre la congelación salarial aplicada en 1997.