IU y PSOE acusan al Gobierno de ejercer la insumisión para no pagar a los funcionarios

El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, calificó ayer de 'insumisión' la intención del PP de paralizar en el Parlamento el pago de los atrasos a los funcionarios si no prosperan los recursos que va a presentar. 'Eso es una insumisión, esto es una rebelión en estado puro', dijo. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al Ejecutivo de 'desacato' por afirmar que 'utilizará el Parlamento para bloquear cualquier crédito destinado a pagar la deuda que tienen con los sindicatos'. El portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, replicó que le satisface ser 'insumiso' si eso significa 'respetar la autonomía de las Cortes'. El secretario general del PP, Javier Arenas, defendió que sólo el Tribunal Constitucional es competente para juzgar si las Cortes actuaron bien o no cuando aprobó los Presupuestos de 1997.

Con esta opinión, Arenas adelantaba parte del informe de los letrados del Senado. Éste asegura que la sentencia 'vulnera las competencias de las Cámaras'. Los letrados interpretan que la sentencia equipara la Ley de Presupuestos a 'unos apuntes contables' y que las Cortes 'no innovan el Derecho ni alteran las obligaciones jurídicas de la Administración'.

El dictamen señala: 'Ésta es la vieja teoría en la que el Estado autoritario de Bismarck se basaba para eliminar o restringir suficientemente las capacidades presupuestarias de las Cámaras. Precisamente el principio democrático, no sin larga lucha, logró hacer prevalecer el carácter normativo del Presupuesto y, lo que es más importante, el triunfo de la voluntad encarnada en el Parlamento sobre el principio monárquico que representaba el káiser y su canciller'.

El informe también señala que este principio democrático 'debería estar claro en un Estado que adopta como forma política la Monarquía parlamentaria', en la que 'el Gobierno dirige, pero bajo la habilitación que le concede el Parlamento, especialmente en el ámbito presupuestario', según recoge el artículo 134 de la Constitución.

Tras subrayar que sólo el Constitucional y no la Audiencia puede dejar sin efecto un precepto de ley, el dictamen mantiene: 'Si no se admite que el único órgano para aprobar la Ley de Presupuestos es el Parlamento, se están resquebrajando los cimientos que sustentan el Estado de Derecho'. El dictamen señala que 'cabe, en pura hipótesis, que las Cámaras pudieran plantear al Gobierno un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales', al entender que se invadirían sus competencias.

El Gobierno presentará hoy un recurso de casación ante la Audiencia Nacional. Este organismo, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, admitirá la elevación del caso al Supremo.

Informe íntegro de los servicios jurídicos del Senado en www.elpais.es