El alcalde de Barcelona exige revisar las 34.000 peticiones de extranjeros rechazadas

Después de 10 días de huelga de hambre, la protesta de los inmigrantes ha derivado hacia una auténtica guerra institucional entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del Gobierno en Cataluña. A primera hora de la mañana, Joan Clos envió una carta a la delegada del Gobierno en Cataluña en la que le pidió que los 34.000 expedientes que resultaron denegados durante el proceso extraordinario de regularización sean revisados por un comité de 'personas independientes con prestigio en el campo de las relaciones sociales'. Con ello, Clos pretende que la revisión de los expedientes sea 'ecuánime y transparente'.

En el Gobierno municipal existe un profundo malestar por el número de expedientes que fueron denegados en comparación con otras provincias. En Barcelona se presentaron un total de 51.000 solicitudes, el 70% de las cuales fueron rechazadas inicialmente frente al 17% de Madrid o el 1,8% de Asturias. 'Nos parece sorprendente esta disparidad', afirmó Clos.

20.000 expulsiones

Según los cálculos del Gobierno, sólo unos 14.000 de los 34.000 expedientes denegados inicialmente en Barcelona acabarán siendo aceptados. Los 20.000 inmigrantes restantes no podrán regularizar su situación y, por lo tanto, recibirán una petición del Gobierno para que abandonen el país.

En el conjunto de España, el Gobierno prevé expulsar unas 25.000 personas. De ellas, cerca de 20.000 tramitaron su expediente en Cataluña.

García Valdecasas respondió a Clos: 'No me parece correcta la desconfianza que muestra hacia los funcionarios que gestionaron los expedientes'. Fuentes de la Delegación reiteran que los técnicos que estuvieron al frente del proceso extraordinario de regularización utilizaron los mismos criterios en todas las provincias y achacan el 70% de denegaciones registrado en Barcelona a la proximidad de esta ciudad con Francia, de donde procedían muchos de los que solicitaron ser regularizados.

Ayer a mediodía, la Delegación del Gobierno envió un comunicado de cuatro páginas a los huelguistas donde les acusaba de estar realizando un 'chantaje social inaceptable'. Como única respuesta a las peticiones de los inmigrantes, el documento recordaba que 'la Administración aplica y aplicará los mismos criterios legales en todos los casos, independientemente de que hayan participado o no en los encierros'.

Ayer, décimo día de la huelga de hambre, la protesta se amplió a una nueva parroquia y en total ya se contabilizan 700 personas encerradas, la mayor parte de ellas en huelga de hambre. Los representantes de los inmigrantes se mostraron 'indignados' ante las declaraciones de responsables de la Delegación del Gobierno, asegurando que la protesta está manipulada. Sin embargo, el párroco de la iglesia de Sant Medir, Francesc Vilamala declaró que la huelga podría estar manipulada por 'finalidades políticas' y, en otros, por las mafias que 'engañan' a los emigrados.