Los jueces ordenaron 5.000 ingresos en centros psiquiátricos el año pasado

Los jueces de Madrid ordenaron el año pasado casi 5.000 ingresos involuntarios de ciudadanos en centros psiquiátricos de la región, casi mil más que en 1999, según datos que figuran en un avance de la memoria de actividades de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid relativa al año 2000. Dos juzgados (los números 30 y 65) se encargan en Madrid de supervisar los internamientos involuntarios en centros psiquiátricos.

El avance de la memoria indica la enorme actividad de estos dos juzgados. En 1999 fueron 4.034 las personas que ingresaron en instituciones psiquiátricas por mandato judicial. En 2000, la cifra de ingresos involuntarios se ha elevado a 4.941. En algunos casos se trata de las mismas personas, que sufren cuadros maniacos esporádicos que requieren asistencia médica urgente y, en no poco casos, prolongada. Los enfermos mentales que cometen delitos graves suelen ir a centros penitenciarios psiquiátricos, y, si se trata de delitos leves, a las áreas psiquiátricas de la red sanitaria pública.

El internamiento de una persona en un centro en contra de su voluntad, haya o no cometido un delito, precisa de autorización judicial. 'En 2000, 4.250 personas con cuadros graves fueron conducidas directamente a un centro psiquiátrico, si bien inmediatamente después se comunicó la hospitalización al juez para que autorizase o no el internamiento', explica el juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín. 'También hubo otros 691 casos de personas cuyas familias solicitaron previamente al juez el internamiento y éste lo validó', añade. El informe del decanato destaca asimismo que los litigios civiles en Madrid se han reducido en los últimos cuatro años en un 26% (de 91.000 en 1996 a 66.826 en 2000), pero este descenso no ha ido paralelo a una reducción de los retrasos en las resoluciones.

Un pleito acogido a la antigua ley civil -la nueva, que entró en vigor el pasado 8 de enero, permite a los ciudadanos iniciar determinados procesos judiciales sin asistencia de abogado ni procurador-, en el que medie un recurso ante la Audiencia Provincial, puede tardar en resolverse hasta cuatro años; unas demoras muy contraproducentes para el pulso económico de la ciudad, ya que en estos juzgados, 74 en la capital, se mueven pleitos que suman cientos de miles de millones de pesetas.La memoria del decanato muestra, en cualquier caso, un descenso global de los pleitos civiles planteados en 2000. Cada uno de los 74 jueces civiles o de primera instancia recibió el año pasado un total de 795 asuntos, 55 menos que en 1999. En 1998, cada juzgado de lo civil asumió cerca de 1.000 asuntos nuevos. Esta jurisdicción, en su primera instancia, ha reducido los retrasos de hasta dos años que sufría en 1996 a los ocho meses actuales, según el juez decano. Hace cuatro años, los juzgados civiles (con un único juez) registraron 1.350 asuntos cada uno.

El atasco en los pleitos civiles sigue estando, no obstante, en la segunda instancia, la Audiencia de Madrid. Recurrir un litigio civil supone una espera de hasta cuatro años, ya que la Audiencia acumula en la actualidad 30.000 asuntos pendientes de años anteriores. Su presidente, Antonio García Paredes, lleva años reclamando al Ministerio de Justicia que dote a su instancia judicial de otras cinco secciones con tres magistrados cada una. Desde 1996 se han creado más juzgados civiles con un solo juez, pero este incremento no ha venido acompañado de un aumento de secciones en la jurisdicción civil de la Audiencia, según el juez decano.

Demoras que cuestan dinero

La jurisdicción civil es la que resuelve las controversias entre los ciudadanos (impago de hipotecas, deudas o alquileres, conflictos familiares, subastas, quiebras de empresas...) La memoria contiene un dato que pone de relieve la importancia de estos juzgados en el pulso económico de Madrid. De los 66.826 pleitos que registraron los 74 juzgados civiles de la capital en 2000, 7.602 de ellos eran litigios de los denominados de mayor cuantía, en los que las partes se juegan más de 180 millones de pesetas. Pueden ser asuntos de 181 millones de pesetas o de miles de millones (la estadística del decanato no especifica la cuantía total).

Lo cierto es que esos 7.602 pleitos de mayor cuantía atañen a cientos de miles de millones de pesetas. De ahí la importancia de reducir los tiempos de espera en su resolución, una demora situada actualmente en unos ocho meses de media en los juzgados de primera instancia y casi tres años en la Audiencia. Y, aparte de esos 7.602 pleitos de mayor cuantía, estos 74 jueces recibieron en 2000 otros 9.151 asuntos de cognición -es decir, aquéllos en los que las partes se disputan cantidades superiores a las 80.000 pesetas e inferiores a 180 millones- y otros 2.713 de menor cuantía, por cantidades inferiores a 80.000 pesetas.

Otros 10.000 de los 66.826 asuntos registrados el año pasado aludían a daños materiales en vehículos por accidentes de circulación (en concreto, 5.385 pleitos) y a impagos de letras de cambio, pagarés y cheques.

Se da la circunstancia de que los jueces de lo civil se hallan ahora en huelga de celo reclamando una subida salarial y se niegan a llevarse trabajo a sus casas por las tardes, como hacían antes.

El descenso de los litigios civiles se debe en parte, según fuentes jurídicas, a la coyuntura económica favorable de los últimos años. Los dos juzgados madrileños dedicados a la ejecución de hipotecas (personas que pierden sus casas porque no pueden pagar el crédito) redujeron los asuntos de 902 en 1998 a 743 en 1999. En 2000, en cambio, se ha producido un aumento en la ejecución judicial de hipotecas. Cada juez ha tramitado 435 hipotecas, 830 entre los dos.

Otro dato revelador de la bonanza económica se aprecia en el descenso del número de desahucios por impago de alquileres o hipotecas. En 1999, los jueces desalojaron de sus casas a 2.610 familias, mientras que en 2000 los desahucios ejecutados han sido 1.817.

También se han reducido sustancialmente los expedientes judiciales por suspensión y quiebras de empresas. El año pasado, 101 firmas se vieron afectadas por procesos de suspensión de pagos o quiebra, una cifra tres veces menor que la que se registraba hace sólo cinco años, según los datos del decanato.

Juzgados de familia

Los juzgados que, pese al descenso general de litigios, siguen aumentando su actividad año tras año son los ocho dedicados a asuntos de familia. Estos órganos se encargan, entre otras cuestiones, de validar las separaciones y divorcios y las adopciones de niños. El año pasado, los juzgados de familia tramitaron en total 10.400 asuntos (1.300 asuntos cada uno), frente a los 9.192 (1.149 cada uno) que atendieron en 1999.

La estadística del decanato muestra que cuando los matrimonios madrileños deciden romper sus vínculos prefieren hacerlo mayoritariamente de mutuo acuerdo: de los 8.000 divorcios y separaciones tramitados el año pasado por los jueces de familia, 4.640 de ellos fueron de mutuo acuerdo, y 3.360, contenciosos; es decir, el juez tuvo que tomar una decisión respecto al futuro familiar (custodia de los hijos, pensión alimenticia...) ante la imposibilidad de que los cónyuges se pusieran de acuerdo.

Los jueces de familia, según los datos del decanato, tramitaron en 2000 cerca de 1.000 casos entre adopciones y acogimientos de niños, cifra muy similar a la de los dos últimos años.