La Hacienda vizcaína pretende negociar un nuevo Concierto sin fecha de caducidad
Urizarbarrena desea que las instituciones vascas puedan defender en Bruselas sus competencias
'Sería muy importante conseguir un Concierto que no tuviera una fecha de vigencia determinada'. Javier Urizarbarrena, diputado de Hacienda de Vizcaya, está preparando ya sus propuestas de cara a la negociación del nuevo Concierto Económico, que el Gobierno central se ha mostrado dispuesto a comenzar el próximo mes de febrero. El actual, tras veinte años de funcionamiento, vence el 31 de diciembre. Precisamente, la voluntad principal de la Diputación es lograr que el Concierto no vuelva a caducar. Esta decisión, según manifiesta Urizarbarrena en una entrevista con EL PAÍS, le daría estabilidad.
El diputado de Hacienda quiere también evitar la judicialización del Concierto, para lo que considera esencial convertir las normas forales en leyes. Esta decisión, que depende del Parlamento vasco, permitiría sacar las normas conflictivas de la jurisdiccción económico administrativa y pasarlas a la constitucional. Para Urizarbarrena, la tercera gran pata de negociación es lograr una representatividad en la Unión Europea, de forma que las haciendas vascas puedan defender sus competencias 'como cualquier otro Estado'. Así, propone un anexo a los tratados, tal y como ya existen para particularidades de otras zonas de los Quince. En cuanto a las capacidades normativas, a su entender, el círculo competencial se cerraría en impuestos indirectos si se lograra la capacidad para variar los tipos del IVA entre los intervalos autorizados por Bruselas.
Más allá de lo que es la negociación del Concierto, Urizarbarrena es especialmente crítico con los anuncios de rebaja impositiva expresados por el Gobierno central. 'Hace planes para bajar impuestos, pero no deflacta en dos años la tabla de tarifas [no la ajusta a la inflación]. Así se carga la mitad de la bajada impositiva prevista'. El mismo tono duro lo utiliza para criticar el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, una norma que, según asegura, debería incluir una disposición adicional que salvarguardara los régimenes presupuestarios de las administraciones vascas y navarra.
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