Los socialistas quieren llevar al Senado el debate sobre la Operación Chamartín

El senador socialista Juan Barranco ha pedido que el ministro de Fomento, Francisco Álvarez- Cascos (PP), comparezca en la Comisión de Infraestructuras para explicar en qué punto se encuentra la denominada Operación Chamartín -la construcción de una nueva estación de Renfe cubriendo las actuales vías para edificar sobre los terrenos y prolongar el paseo de la Castellana desde el nudo norte (junto al hospital La Paz) hasta la M-40 (Manoteras)-.

Fomento preside este año el consorcio encargado de garantizar que esa operación urbanística, considerada la más importante de España, se desarrolle adecuadamente. En el consorcio -integrado por las tres administraciones, Renfe (sobre cuyos terrenos se hará la mayor parte de la operación) y la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH)- no están representados los grupos de la oposición. Éstos han denunciado reiteradamente que se les oculta información sobre el volumen real de la operación y han reclamado que en la misma se incluyan viviendas de protección oficial. La Comunidad se sumó a esa propuesta tras presidir el consorcio entre septiembre de 1998 y el mismo mes de 1999.

Ese año asumió la presidencia el Ayuntamiento de Madrid, pero, a pesar de que el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, se comprometió entonces a tener aprobada en enero de 2000 la ficha técnica que regulará la edificabilidad permitida en la operación, aún no se conoce ese documento. Fuentes vinculadas con la operación reconocen que se está trabajando con más de dos años de retraso.

Consorcio público

El parón se debe en parte a la llegada del equipo de Francisco Álvarez-Cascos al Ministerio de Fomento, según fuentes municipales. Los nuevos responsables del ministerio han revisado minuciosamente todas las decisiones adoptadas durante la etapa de Rafael Arias-Salgado, quien decidió las infraestructuras que será necesario modificar o construir para alargar casi tres kilómetros la Castellana.

El coste de esas inversiones, estimadas en 150.000 millones, tiene que sufragralo DUCH (perteneciente al grupo BBVA) con los beneficios que obtenga con la venta de las viviendas y oficinas que se construirán en la nueva Castellana. Pero la empresa considera que, si no se aumenta la edificabilidad autorizada, no podrá asumir esos costes. Además de las modificaciones en el Plan General para subir la edificabilidad, ésta estará condicionada también por la nueva Ley del Suelo que elabora el Gobierno regional.

'En la comparecencia de Álvarez-Cascos voy a insistir en que se cree un consorcio público, con presencia de la oposición, para controlar esa operación como se hizo con el Pasillo Verde. De momento, tal como está definida, en ese nuevo desarrollo de Madrid no hay equipamientos públicos ni viviendas de protección oficial', afirma Barranco.