El Supremo de México autoriza la entrega a EE UU de dos 'narcos'

El 90% de las solicitudes de extradición recibidas por México llegan de Washington. El Tratado de Extradición entre México y EE UU data de los años treinta y su pobre desarrollo fue protestado por las autoridades norteamericanas, que reprocharon a México poca diligencia en el arresto y procesamiento de docenas de narcotraficantes. Por primera vez en su historia, y con 10 votos a favor y 1 en contra, la principal instancia judicial determinó que procede la extradición de delincuentes mexicanos requeridos por la justicia estadounidense para ser procesados por delitos cometidos en ese país, en su mayoría relacionados con el narcotráfico hacia las principales ciudades de la frontera con México.

El fallo termina en buena medida con las contradicciones registradas entre los distintos tribunales federales al establecer que el Código Penal no obstaculiza la entrega. El veredicto, tomado el pasado día 18, es aplicable en todos los casos a futuro, y no tiene efectos retroactivos. 'Se acabó la doble interpretación. El fallo moderniza al país respecto a los movimientos internacionales para perseguir a la delincuencia organizada', declaró Olga Sánchez, la magistrada que redactó la sentencia. 'México no puede estar aislado', añadió.

El bloqueo en las entregas ha sido atribuido en no pocas ocasiones a la corrupción oficial y a la compra de jueces por los carteles. No obstante, el arraigado nacionalismo mexicano, sus tortuosas relaciones con el vecino que en el siglo XIX arrebató casi la mitad del territorio nacional y la prepotencia norteamericana con sus iniciativas de extradición, han sido factores mencionados por fuentes judiciales mexicanas como influyentes en el ánimo y negativa de algunos magistrados. Los perseguidos por el Gobierno estadounidense, una veintena de mafiosos, habían argumentado ante tribunales federales que, de acuerdo al Código Penal, se les debía juzgar en México aunque pesaran sobre ellos delitos cometidos en el extranjero.

La Suprema Corte de Justicia, cuya última sentencia ha sido aplaudida por el Gobierno de Vicente Fox -'allí estarán a buen resguardo', comentó el presidente-, había mantenido siempre, a veces por razones políticas más que judiciales, la tesis de que todos sus nacionales debían ser juzgados en México aunque hubieran cometido delitos en otros países. La gran mayoría de los casos de extradición tramitados por EE UU fueron bloqueados por los diferentes tribunales mexicanos, pero todo indica que esta vez la Suprema Corte parece haber aplicado en la interpretación de los códigos los aires de modernización en curso, más intensos desde que el pasado 2 de julio el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera la presidencia de la república.

No pocos analistas temen que los poderosos barones de la droga mexicanos, domiciliados casi todos en las cercanías de la divisoria entre San Diego y San Antonio, ejecuten la vieja máxima proclamada por los jefes mafiosos sublevados a bombazos en Colombia contra la extradición: 'Preferimos una tumba en Colombia a una celda en EE UU'.

La sentencia resolvió 'la posibilidad de que un mexicano sea juzgado conforme al artículo 4º del Código Penal, no impide al poder ejecutivo obsequiarla, ejerciendo la facultad discrecional que le concede el Tratado de Extradición entre México y EE UU'. No significa que la Secretaría de Exteriores vaya a conceder automáticamente la extradición porque los reos pueden interponer amparos. El Gobierno concedió la extradición a EE UU de tres mafiosos presos en México, pero todos ellos han recurrido. La Suprema Corte fija doctrina, será difícilmente derrotada en recursos posteriores de oficio, y abre, como nunca, el camino hacia los presidios norteamericanos de los barones de la droga en las listas de los más buscados. Algunos han puesto ya tierra de por medio.